Un año más, Brasil ha teñido de morado el mes de junio, un color estrechamente asociado a la lucha feminista y contra la violencia de género, que en este país y en estas fechas adquiere una dimensión adicional, alineando esta defensa con la conmemoración del Día Mundial contra la Violencia hacia las Personas Mayores, que tuvo lugar el 15 de junio, y con el Día Internacional del Orgullo LGBT –poniendo en la diana al colectivo sénior–, que se celebra el 28 de junio.

Según datos del Censo 2022, Brasil cuenta con aproximadamente 32,1 millones de habitantes que superan los 60 años, lo que representa cerca del 15% de la población brasileña. Pero las proyecciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) apuntan a que para finales de este año, el país podría tener cerca de 35 millones de personas con 60 años o más, un 16% de sus habitantes. Por otro lado, el Atlas de la Violencia 2025 –presentado hace unas semanas– revela desigualdades significativas en este colectivo: mientras el 55,7% de la población brasileña se autodeclara como negra, entre las personas mayores el porcentaje es del 47,8%, evidenciando que “la vejez es blanca y femenina”.

Sin embargo, como señaló el secretario nacional de los Derechos de la Persona Mayor (SNDPI), Alexandre da Silva, Brasil se caracteriza por vejeces plurales marcadas por la diversidad territorial, racial y de identidad de género. Por eso, en el marco del ‘Junio Violeta 2025’, el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC) de Brasil, a través de su Secretaría Nacional de los Derechos de la Persona Mayor (SNDPI), lanzó la campaña ‘Entre Generaciones-Lazos que Protegen’, apostando por la importancia del diálogo intergeneracional con diferentes personas mayores –como indígenas, quilombolas, gitanos y personas LGBTQIA+– y por esa relación entre edades diferentes como herramienta fundamental para prevenir las violaciones de los derechos del colectivo sénior.

La propuesta destaca, además, que la conexión entre los más jóvenes y los más veteranos contribuye a crear redes de cuidado y respeto, fundamentales para enfrentar el edadismo y las diversas violaciones a la dignidad de la de más edad. Para Lorena Lucena, coordinadora general de Políticas para la Convivencia Familiar y Comunitaria del MDHC, romper con la lógica de exclusión de las personas mayores del ámbito familiar y comunitario significa reconocer su lugar como sujetos de derechos y portadores de saberes y experiencias fundamentales. “Esta convivencia contribuye a la valorización de la experiencia acumulada y de la memoria familiar y comunitaria, estimulando el respeto mutuo y el aprendizaje recíproco entre diferentes grupos etarios”, explica la psicóloga.

Con esta campaña, además, por primera vez, el país trata cuestiones interseccionales al formular políticas públicas para las personas mayores, considerando todos los marcadores que atraviesan la vida de las personas brasileñas: ser mujer, hombre, cis, trans, vivir en zona rural o urbana, ser indígena, quilombola, su escolaridad, su situación económica, etcétera, como señaló Da Silva.

LAS DENUNCIAS CONTRA EL COLECTIVO SÉNIOR TENDRÁN PRIORIDAD

Una de las decisiones más importantes que se acaba de adoptar en Brasil es esta. El Gobierno Federal de Brasil publicó en el Diario Oficial de la Unión del 18 de junio la Ordenanza nº 938, que establece la prioridad para las denuncias de violencia contra las personas mayores en los canales de atención de la Defensoría del Pueblo y crea el formulario para el registro de violaciones de los derechos de las personas mayores. Las denuncias tendrán prioridad en el tratamiento, la derivación y el seguimiento, y se garantiza una prioridad especial para las personas mayores de 80 años, de acuerdo con el Estatuto de las Personas Mayores.

La ordenanza considera violencia contra las personas mayores cualquier acción u omisión cometida en un lugar público o privado que cause daño o sufrimiento físico o psicológico, y clasifica los casos en cinco categorías: física, financiera o patrimonial, psicológica, sexual e institucional.

La norma también enfatiza que el Servicio de Atención al Cliente –Dial 100– debe recibir todas las denuncias, sin limitarse a las categorías previstas en la ordenanza. El operador debe actuar de forma que no revictimice a la persona, siendo capaz de identificar la violencia sufrida con base en la denuncia gratuita, los procedimientos de apoyo y las preguntas estrictamente necesarias para cumplir con la función de registro. El operador debe utilizar un lenguaje sencillo y accesible, ofrecer empatía y apoyo, y registrar la denuncia de forma fiable.

IMPORTANTES AVANCES

Pero junio tuvo más citas de interés que conllevaron la presentación de grandes pasos dados por Brasil en favor de las personas mayores. La titular del MDHC, Macaé Evaristo, participó en Brasilia junto a otras autoridades de su departamento, en el encuentro ‘Fortaleciendo Lazos: Saberes y Prácticas Intergeneracionales para Enfrentar la Violencia contra las Personas Mayores’ y en la ‘1° Muestra de Saberes y Prácticas para el Fortalecimiento de Políticas sobre los Derechos de las Personas Mayores’, impulsadas por la SNDPI.

Macaé Evaristo, que acudió a estas citas tras firmar la Ordenanza 938 –que establece la prioridad en la respuesta a las denuncias de violencia contra las personas mayores a través de la Defensoría del Pueblo–, destacó que las políticas públicas actuales buscan garantizar la autonomía y la salud de las personas mayores, debido al aumento de la esperanza de vida de la población. “Actualmente buscamos un envejecimiento activo, con calidad de vida y, sobre todo, que respete la dignidad de las personas mayores, sin violencia”, señaló. Por ello, destacó la necesidad de dialogar con el sector privado para que los productos y servicios ofrecidos a los brasileños consideren el envejecimiento en su pluralidad. “Queremos envejecer con salud, lucidez y autonomía”, afirmó.

Finalmente, la ministra anunció la realización de la Conferencia Nacional sobre los Derechos de las Personas Mayores para finales de este año, que debe ser un marco en la reconstrucción del enfoque del Gobierno Federal frente a las necesidades de la población mayor.

Por otro lado, Macaé Evaristo también presentó a los ganadores de la convocatoria pública de la Secretaría Nacional de los Derechos de las Personas Mayores, cuyo objetivo es valorar a las personas mayores pertenecientes a pueblos y comunidades tradicionales. Se consideraron seis propuestas, divididas en los ejes de cultura y economía sostenible. En el ámbito cultural, los proyectos promueven acciones para preservar la memoria, la oralidad y la ancestralidad de las personas mayores. En el ámbito de la economía sostenible, las iniciativas consideradas promueven la inclusión productiva basada en tecnologías sostenibles, valorando el conocimiento local y los recursos naturales de los territorios donde viven las personas seleccionadas. Además, se dio a conocer la Guía de Orientación para consejeros, agentes de derechos humanos y otros actores que trabajan con riesgos y desastres, con el objetivo de mejorar las acciones de atención, coordinación y seguimiento de las personas mayores en situaciones de riesgo y desastre, considerando de forma sensible y específica las necesidades de esta población. Este manual complementa la Guía de orientación para personas mayores en situaciones de riesgo y desastres, publicada en noviembre de 2024, y dirigida directamente a los sénior.

Finalmente, el 18 de junio también tuvo lugar la I Muestra Audiovisual del CinEnvelheSer, un evento que incluyó la proyección de cuatro cortometrajes protagonizados por personas mayores: Babaçu Libre: En la Ley o a la Fuerza, Canto de Acauã, La Folia de São Sebastião en el Poblado São José y Voces ancestrales de la resistencia: memorias de las matriarcas Kalungas. La actividad buscó democratizar el acceso a la discusión sobre políticas públicas a través del cine y promover la reflexión sobre el envejecimiento con dignidad desde una perspectiva multicultural y territorial.