Envejecer no debería ser un sinónimo de resignarse a perder calidad de vida. Sin embargo, en un país en el que, según nos alerta la Sociedad Española de Otorrinolaringología, la pérdida de audición por razón de edad (presbiacusia), afecta aproximadamente al 30% de la población entre los 65-70 años, alcanzando al 80% de la población por encima de los 75, la falta de respuesta pública y social lleva a que esta sea la realidad de muchas personas mayores.

Esto sucede a pesar de que los estudios ponen en evidencia el impacto negativo que tiene la pérdida de audición en personas mayores cuando no está tratada: aislamiento, trastornos del estado de ánimo, deterioro cognitivo por falta de información y de motivación para interactuar, mayores riesgos de caídas y desorientación…

El desconocimiento generalizado sobre el impacto del problema de audición en las personas mayores, sumado a la resignación con la que muchas de ellas viven esta pérdida y a los prejuicios estéticos que generan utilizar audífonos o implantes, provoca que la detección e identificación de las pérdidas auditivas se retrase, lo que hace que las soluciones audioprotésicas no sean igual de eficaces. A este respecto, no puedo dejar de mencionar, además, el elevado sobrecoste al que han de hacer frente ya que los audífonos no están cubiertos por la sanidad pública en el caso de personas mayores de 26 años y los implantes auditivos tienen también muchos costes excluidos.

Todo ello genera una vulneración de derechos: el derecho a la salud, el derecho a la vida independiente, a la inclusión y a la participación social… que se ven comprometidos cuando una persona mayor deja de acudir a reuniones familiares, de ir al teatro o de disfrutar de la música porque no oye bien. No es por una falta de interés, es por la falta de recursos para la accesibilidad auditiva, a la información y a la comunicación. Las Administraciones públicas tienen la obligación de actuar. Necesitamos políticas públicas ambiciosas y decididas que impulsen la prevención, el diagnóstico precoz, el acceso a la prestación ortoprotésica y la accesibilidad en el entorno.

Desde este convencimiento y el compromiso de Fiapas con los derechos de las personas con sordera de cualquier edad, hemos puesto un programa, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Fundación ONCE, dirigido a promover los derechos de las personas mayores con sordera y la búsqueda de respuestas para la prevención y el cuidado de la salud auditiva de todas las personas mayores. Porque…. ¡oír bien es vivir mejor!