El Consejo Territorial de Derechos Sociales, órgano que reúne al Ministerio de Derechos Sociales y a las consejerías autonómicas con competencias en la materia, se ha reunido en la sede del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). En el encuentro, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha presentado a los gobiernos autonómicos la propuesta para el reparto territorial del llamado ‘nivel acordado de protección‘, que establece parte de la financiación de la dependencia.

En este año 2025, este nivel acordado de financiación del SAAD (Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia) supondrá una inversión de más de 783 millones de euros por parte del Gobierno de España. Esta cantidad es, por tercer año consecutivo, la más alta que ha tenido este nivel de protección en su historia y será transferida a los gobiernos autonómicos a través de los convenios firmados entre Derechos Sociales y cada uno de ellos. Con esta partida se complementará la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes que hay en cada territorio.

La financiación de la dependencia récord en este nivel acordado se mantiene desde 2023, cuando se aprobaron los últimos Presupuestos Generales del Estado, y consolida la inversión que el Gobierno de España ha hecho en los últimos años para reforzar la dependencia después de que este nivel de protección fuera suprimido en la pasada década (año 2012) dentro de un recorte presupuestario que redujo en 5.000 millones de euros la financiación estatal del SAAD.

Fue 2021, cuando el Gobierno de España recuperó este nivel de financiación aportando una cantidad de 283 millones de euros. Desde entonces, la inversión estatal en el nivel acordado inició una senda de crecimiento que lo ha llevado a casi triplicar en la actualidad los fondos destinados a esta partida.

El reparto de la inversión del nivel acordado entre los gobiernos autonómicos se realiza siguiendo los criterios técnicos y demográficos que fueron fijados en el Plan de Choque para el impulso del SAAD y que aprobaron los propios gobiernos autonómicos en un Consejo Territorial celebrado el 15 de enero de 2021. En este acuerdo se fijaron indicadores que medían los esfuerzos realizados por cada ejecutivo regional para mejorar la calidad de los servicios de la dependencia, siendo las diferencias en este desempeño las que determinan que cada gobierno autonómico reciba una cantidad diferente cada año.

Estos criterios se agrupan en cuatro fondos diferenciados, que en 2025 movilizan las siguientes cuantías:

a) Fondo de estructura – 145,8 millones de euros. Se observa la evolución de la población potencialmente dependiente, el coste de los servicios, la superficie territorial, la dispersión poblacional y la insularidad.

b) Fondo de gestión – 175 millones de euros. Se mide la gestión de cada gobierno autonómico, siguiendo el número de personas atendidas, la agilidad administrativa o la inversión autonómica.

c) Fondo de cumplimiento de objetivos – 262,4 millones de euros: Se valora la evolución de los objetivos aprobados en 2021: la mejora en el empleo del sector, reducción de lista de espera, calidad de prestaciones y servicios…

d) Fondo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD – 200 millones de euros: Este fondo está condicionado a que las inversiones que realicen los gobiernos autonómicos para alcanzar los criterios de acreditación y de calidad en los centros y servicios del SAAD.

El nivel acordado es uno de los tres niveles de protección sobre los que se estructura la financiación pública del Sistema. Los otros son el nivel mínimo, que corresponde íntegramente a la Administración General del Estado y está determinado por el número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva. El nivel mínimo ascendió en 2024 a 2.628 millones de euros, 186 millones de euros más que el año anterior; y el nivel adicional, cuya responsabilidad es de las comunidades autónomas exclusivamente.

A nivel general, la inversión del Gobierno en dependencia se situó en 2024 en los 3.478 millones. Esta cifra supone triplicar los 1.130 millones de euros que se asignaron en 2014.

SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL 0,7%

Por otra parte, en el Consejo Territorial celebrado se ha alcanzado también un preacuerdo sobre la propuesta del ministerio que dirige Bustinduy para distribuir entre los gobiernos autonómicos las conocidas como subvenciones del 0,7% para 2025. Estas ayudas proceden de lo recaudado por medio de la casilla que se marca para fines sociales durante la Declaración de la Renta y del reparto de este año destaca, por un lado, que la cantidad que corresponde a las comunidades autónomas ha superado los 375 millones de euros y, por otro lado, que la cuantía procedente del impuesto que pagan las empresas ha aumentado casi un 50%.

Las subvenciones del 0,7% se destinan a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y otras situaciones de especial vulnerabilidad, y suponen una vía esencial para financiar los programas que ponen en marcha estas organizaciones. Se tratan de entidades del tercer sector, con experiencia acreditada y que tienen una incidencia especial en los ámbitos territoriales más cercanos.

La distribución de esta financiación se lleva a cabo entre las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía siguiendo los criterios de reparto que se aprobaron en el Consejo Territorial, valorando aspectos como la implantación territorial que tengan las organizaciones a las que se conceden los fondos, así como su estructura y su capacidad de gestión. Una vez alcanzado este preacuerdo entre el Ministerio de Derechos Sociales y los gobiernos autonómicos, ahora se elevará al Consejo de Ministros para su autorización. Superado este trámite, volverá después al Consejo Territorial para ser ratificado definitivamente.