PREGUNTA.- ¿Qué supone, personal y profesionalmente, este nombramiento como presidente de la CIDH, de la que ya era Comisionado desde hace más un año?

RESPUESTA.- Muchas gracias por la pregunta. Personalmente, lo asumo con mucha alegría. Ser comisionado y ahora presidente, es una oportunidad para servir a las Américas y el Caribe desde el organismo más importante de derechos humanos en la región. Las relaciones que mantiene con los Estados, organizaciones y personas del hemisferio son del más alto nivel y abren la puerta para impactar la vida de millones de personas a través de medidas concretas para la garantía de derechos humanos.

Desde la perspectiva profesional, también lo recibo con gran entusiasmo. La Comisión Interamericana opera desde el más alto rigor técnico y jurídico, al mismo tiempo que integra una dimensión política sobre la supervisión de la situación en cada país, el diálogo con los Estados y la diplomacia. Siendo una persona apasionada por el derecho desde el ámbito público, me llena de satisfacción poder aportar desde mi conocimiento y experiencia a estas gestiones tan trascendentales. Como bien menciona, he sido Comisionado por más de un año. Esto me ha permitido comprender a profundidad los desafíos y oportunidades que enfrentan las Américas y el Caribe.

Ahora, como presidente, tomo el compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo institucional desde una visión de esperanza ante los retos que enfrentamos como hemisferio. Estoy seguro de que, con el compromiso y trabajo de los Estados, sociedad civil, víctimas y de la sociedad en general, podemos dar pasos que hagan frente a los retrocesos que estamos viviendo hoy, con justicia, igualdad, inclusión y no discriminación.

P.- ¿Cuáles son las funciones en beneficio de la ciudadanía de esta Comisión?

R.- Me parece importante entender a la Comisión como más que un órgano autónomo regional que promueve y protege los derechos humanos. Para miles de personas, la CIDH representa la esperanza de obtener justicia y acceso a derechos en igualdad. Desde esta perspectiva, la Comisión acoge a quienes se sienten abandonados o ignorados, y simboliza esa luz de optimismo respecto de la justicia que tantas personas necesitamos para permanecer en exigencia de una vida digna y con derechos. Para cumplir con esta labor, la Comisión cuenta con diversos mecanismos y actividades que le permiten trabajar de la mano con los Estados, organizaciones y víctimas, beneficiando a la sociedad en su conjunto.

A través del sistema de peticiones y casos, la Comisión escucha las denuncias de personas que han visto vulnerados sus derechos y analiza si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional. Puede emitir recomendaciones específicas para cada caso, facilitar un acuerdo de solución amistosa, o presentar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, en situaciones de extrema gravedad y urgencia, puede otorgar medidas cautelares para evitar daños irreparables a personas y grupos específicos. El monitoreo de la situación de derechos humanos es otro pilar fundamental de su trabajo.

La Comisión recopila información de oficio, emite comunicados de prensa sobre temas de especial preocupación y elabora informes con análisis detallados sobre la situación en distintos países y problemáticas. Para recopilar información, también lleva a cabo visitas a los países, organiza audiencias públicas y se reúne con actores clave para conocer de primera mano las realidades que enfrenta la población. Los informes que elabora la Comisión, ya sean sobre casos, países específicos o sobre temas de derechos humanos, van más allá del análisis. Son una herramienta para generar cambios concretos, pues formulan recomendaciones dirigidas a los Estados para que fortalezcan sus políticas públicas y prácticas en materia de derechos humanos.

Posteriormente, estas recomendaciones son monitoreadas y la Comisión ofrece cooperación técnica para acompañar a los Estados en su implementación. Finalmente, el trabajo de promoción y capacitación es clave para que más personas conozcan y accedan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A través de estas iniciativas, la Comisión no solo difunde información, sino que también empodera a víctimas, sociedad civil y Estados, reforzando el compromiso colectivo con la dignidad y la justicia.

P.-  Hablemos de las personas mayores. ¿Por qué sus derechos dan la sensación de no importar tanto? ¿Cuáles son las discriminaciones hacia este colectivo más alarmante si nos ceñimos a los Estados miembro que forman parte de la CIDH?

R.- Todas las personas, con el paso del tiempo, llegaremos a la vejez, y aun así, esta etapa de la vida sigue siendo ignorada y relegada en el imaginario colectivo y ausente de las políticas públicas.

La protección de los derechos de las personas mayores es un desafío urgente y una de las prioridades de la CIDH, que cuenta con una relatoría específica para este tema. Con ella, publicamos, en 2023, el informe Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas, el primero en abordar de manera integral la situación de estos derechos en el hemisferio. En él, se recoge el paradigma de la vejez activa e independiente que propone la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este cambio de perspectiva entiende que el envejecimiento constituye una etapa más en el ciclo de vida de las personas, valiosa y digna por sí misma. Así, busca erradicar la discriminación por edad, conocida como ‘edadismo’ y que está relacionada con la falsa sensación de que las personas mayores no son relevantes. Por esta discriminación, las personas mayores ven sus derechos restringidos, sus problemáticas invisibilizadas y son expuestas a diversas formas de violencia. Esta violencia puede estar presente en las residencias, espacios de cuidados o de atención médica y no está restringida a agresiones físicas, sino que también incluye maltrato verbal. Desde la Comisión, también hemos identificado el prejuicio de que las personas mayores no pueden tomar decisiones en temas esenciales de su vida, como el acceso a servicios de salud, su residencia, sus finanzas, y el derecho al voto, enfrentando situaciones que afectan su derecho a la personalidad jurídica.

Ante esta realidad, los Estados deben adoptar la visión de la vejez activa e independiente, viendo a las personas mayores como sujetos de derecho. Desde la CIDH continuaremos insistiendo en la necesidad de impulsar un cambio cultural que erradique el edadismo, así como en la obligación de los Estados de garantizar la autonomía, la independencia y el derecho de las personas mayores a vivir libres de violencia.

P.- En su opinión, ¿qué supondría para la población de más edad disponer de una Convención Internacional que velara por sus derechos? ¿Por qué cuesta tanto adoptarla? (La entrevista se realizó días antes de conocerse que la ONU había aprobado iniciar su redacción)*

R.- Los instrumentos internacionales son el resultado de procesos que plasman el consenso de varios países y que establecen obligaciones para los Estados por la garantía de derechos de todas las personas. La creación, firma y ratificación de estos instrumentos por los gobiernos materializa un compromiso a nivel internacional e implica la obligación de cumplir con lo establecido en las Convenciones. En ese sentido, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es el primer tratado internacional dedicado a los derechos humanos de este grupo de edad en condiciones de igualdad. Su contenido funciona como guía para que los Gobiernos atiendan los derechos de las personas mayores y propicia que actores sociales puedan exigir sus derechos cuando estos no sean garantizados. De esta forma, representa una oportunidad clave para que millones de personas cuenten con protección internacional de sus derechos y avancemos con cambios tangibles para las personas en cada país.

A la fecha, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Surinam y Uruguay han ratificado el instrumento. Desde la Comisión seguiremos impulsando que los demás países de la región se sumen y continuaremos trabajando por superar el edadismo. Esta forma de discriminación no solo limita la formulación de políticas públicas inclusivas, sino que también podría frenar el compromiso de los Estados con instrumentos como este. Sin embargo, es indispensable tener presente a la vejez como una etapa de la vida a la que todas las personas llegaremos y como tal debe ser pensada para vivirla con autonomía, dignidad y derechos. La vejez con dignidad debe ser obligación de los Estados y compromiso de todas las sociedades.

P.- Uno de los pilares de trabajo de la CIDH es la atención a líneas temáticas prioritarias. ¿Cuáles son ahora los asuntos vehiculares que más les preocupan o a los que creen urgente dar una respuesta?

R.- Esta es una pregunta retadora porque la región enfrenta diversos problemas estructurales y complejos, que dan origen a violaciones de derechos humanos y que son motivo de preocupación para la Comisión.

En primer lugar, tenemos el debilitamiento de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos, las fallas en los sistemas de justicia, la impunidad, el quebrantamiento del equilibrio de poderes y los ataques a la independencia judicial.

Por otro lado, hemos observado con preocupación la persistencia de la discriminación y la violencia contra personas históricamente excluidas, como mujeres, personas afrodescendientes y LGBTI, entre otras, así como el uso desproporcionado de la fuerza pública y violencia contra personas defensoras y periodistas.

Para dar respuesta a estas situaciones, la CIDH estableció ejes prioritarios y transversales en su Plan Estratégico 2023-2027. Así, la CIDH despliega todos sus mecanismos y con ello su compromiso y trabajo para contribuir con todos los Estados de la región en el fortalecimiento del Estado de derecho y el funcionamiento de los mecanismos de participación social para consolidar la institucionalidad democrática y de derechos humanos. La atención adecuada a las distintas situaciones de discriminación, exclusión y marginación de personas y grupos históricamente vulnerados y el enfoque de género es otra prioridad. Al igual que la asistencia a los Estados para la prevención de la violencia, la protección de víctimas y para abordar la seguridad ciudadana con garantía de derechos humanos.

Finalmente, es importante destacar el impulso del acceso a la justicia sin discriminación y en igualdad de condiciones, así como la independencia judicial como elemento central del Estado de derecho, fundamental para garantizar la separación de poderes.