En la región árabe, 187 millones de personas se encuentran marginadas si hablamos de la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la tecnología, la protección social y las oportunidades económicas, mientras que 292 millones de personas carecen de cobertura para al menos un beneficio de protección social.

Esta sombría realidad fue puesta de relieve en un nuevo informe, el quinto, Descifrando la promesa de no dejar a nadie atrás en la región árabe, publicado, a finales de febrero, por la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (Cespao), con motivo del Día Mundial de la Justicia Social.

El informe revela profundas desigualdades en el acceso a las necesidades y oportunidades básicas, y pide que se tomen medidas urgentes para abordar estas brechas. El documento presenta cifras alarmantes. Muestra que 78 millones de adultos son analfabetos y 15,3 millones están desempleados. Además, 174 millones de personas carecen de servicios sanitarios esenciales, 154 millones sufren inseguridad alimentaria y 56 millones están desnutridos. Las condiciones de vivienda siguen siendo un problema: 79,5 millones de personas carecen de acceso a una vivienda de calidad. La infraestructura y los servicios básicos también son inadecuados: 154 millones de personas carecen de servicios sanitarios seguros, 50 millones no tienen acceso a agua potable y 41,2 millones de personas empleadas trabajan en el sector informal. Además, 211 millones de personas tienen un acceso limitado a los servicios financieros y 154 millones carecen de acceso a Internet.

“Para no dejar a nadie atrás es necesario no solo reconocer estas disparidades, sino también implementar políticas concretas que las aborden”, afirmó Oussama Safa, jefe de la Sección de Justicia Social de la Cespao. “Las cifras son claras: millones de personas corren el riesgo de quedar excluidas del progreso a menos que los gobiernos actúen con decisión”.

Para abordar estas cuestiones, el informe pide integrar cinco elementos –discriminación, estatus socioeconómico, gobernanza, geografía y vulnerabilidad a las crisis– en las estrategias nacionales, así como garantizar políticas inclusivas y basadas en datos que aborden las vulnerabilidades interseccionales. A medida que se acerca la fecha límite de la Agenda 2030, el informe insta a acelerar los esfuerzos.