El Consejo de Gobierno autorizó recientemente una aportación de más de tres millones en 2017 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (Amta), para la protección de las personas incapacitadas judicialmente. Dicha aportación, del 50% de la dotación presupuestaria para 2017, es necesaria para atender inicialmente las necesidades de financiación de la Amta, sin perjuicio de que a lo largo del ejercicio sean precisas más.
La Amta es un ente público con personalidad jurídica propia, dependiente de la Comunidad de Madrid, que se encarga de prestar la asistencia y protección social y jurídica a aquellas personas que han sido incapacitadas judicialmente (o están en proceso de incapacitación) y que residen en la región.

Ya en 2016, el Gobierno regional aprobó un incremento presupuestario del 36%, hasta los 6,15 millones, destinado tanto a incremento de personal como a la implantación de nuevos modelos de intervención social a través de programas específicos diferenciados por los perfiles de las personas tuteladas, contando con la colaboración de entidades especializadas del tercer sector.
La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos es la entidad pública tutelar más grande de España. El perfil de las personas que usan el servicio de tutela de la Agencia es un 54% mujeres y un 46% hombres, con una edad media de 60 años y, en cuanto a la capacidad económica, las personas tuteladas apenas tienen recursos económicos, casi el 65% tiene menos de 10.000 euros anuales. Se trata de personas que no tienen recursos, a las que no solo hay que gestionarles plaza pública sino que también hay que cubrir cualquier gasto que necesiten.