El área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid hace pública su adhesión a un manifiesto municipalista del cual ha liderado la redacción junto a los concejales de Salud de otros cinco municipios (Barcelona, A Coruña, Santiago de Compostela, Zaragoza, Cádiz, además de la formación Ganemos Córdoba). "Desde los ayuntamientos podemos hacer mucho por la salud de las personas que los habitan. Somos la administración más cercana y nos toca velar por los derechos humanos en un sentido amplio, incluyendo también el acceso a una salud pública y de calidad para toda la ciudadanía", aseguró Javier Barbero, delegado del área. El manifiesto es un primer paso en la colaboración en acciones conjuntas en estas líneas, y está abierto a la adhesión de otros y otras responsables de salud y municipios.
Este manifiesto defiende la derogación de la "Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local", que limita las competencias municipales de salud a la protección de la salubridad pública. Los municipios firmantes del manifiesto consideran que desde los ayuntamientos hay oportunidades especiales para poder promocionar la salud de la ciudadanía, con estrategias intersectoriales que impulsen una perspectiva de salud en todas las políticas públicas, o que aborden el desarrollo de la salud comunitaria en los barrios y en los pueblos. En este sentido, el manifiesto defiende actuar desde la Administración local sobre los determinantes sociales de la salud, una forma de intervención que el Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, ya ha puesto en marcha a través de una medida de Gobierno. El manifiesto recuerda que mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales, políticas y culturales de los municipios contribuye a mejorar la salud de las personas. Proclama también que la salud se debe tratar como un eje transversal en la acción municipal, introduciendo la evaluación del impacto en salud de dichas políticas públicas. Así pues, la reducción de las desigualdades sociales en salud, por razón de género, de clase social, de territorio, de origen, etcétera, tienen que ser un compromiso y un objetivo de todo gobierno, según el manifiesto.
El manifiesto también compromete los municipios firmantes a garantizar el derecho a la protección de la salud, y a una atención sanitaria pública, de cobertura universal, y sin exclusiones, equitativa, gratuita en el punto de la asistencia, y financiada por impuestos progresivos suficientes como para cubrir las necesidades de la población.
Emplaza a los ayuntamientos también a regenerar el carácter público de los servicios de salud; a asegurar la transparencia, la eficacia y los derechos de las personas usuarias; a potenciar la Atención Primaria; y a fomentar la participación real y la democracia en la salud, favoreciendo que la ciudadanía y el personal sanitario tengan un protagonismo real en los órganos de gobierno del sistema sanitario y de los centros.
Finalmente, los municipios firmantes se comprometen a trabajar por unas ciudades que no generen enfermedades, sino que cuiden las personas que las habitan, así como los bienes comunes y los espacios públicos donde se desarrolla la vida cotidiana.