“El Gobierno de España cumple con el aumento presupuestario del Plan de choque para la Dependencia pero la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera, incrementar las prestaciones y servicios y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario”. Esta es una de las conclusiones presentadas en el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS). 

En el primer año del plan de choque, la ADGSS denuncia que diez gobiernos de comunidades autónomas “hicieron caja con el incremento presupuestario que realizó la Administración General del Estado: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, Euskadi y La Rioja. 

La entidad denuncia que “se está abandonando sin atenciones a las 353.965 personas que están a la espera de un procedimiento” y apuntan a que “el tiempo de espera medio es de 344 días”. 

A principios de este año, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención son 177.423, a ellas hay que añadir 131.810 expedientes que están pendientes de valoración. Con lo cual, asegura el dictamen: “la desatención alcanza a 309.233 personas”. A estos datos deben sumarse los datos ofrecidos a través del portal de transparencia, hay 22.829 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 21.903 solicitantes que las comunidades no han registrado y están pendientes de valorar. 

Las personas en espera de ser valoradas, denuncian, “no sólo no ha disminuido, sino que este año ha aumentado”. E insisten en que, e este sentido 2022 cierra con esas 353.965 persona esperando algún tipo de trámite de la dependencia, únicamente 8.799 menos que en 2021. “A este ritmo de reducción se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite”, expone la ADGSS. 

Durante 2022, la ADGSS denuncia que “fallecieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia. 19.661 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos”. Al ritmo del último año, concluyen los datos del observatorio, “se tardaría once años en lograr la plena atención”.