EDITORIAL
Una reforma justa y necesaria que vela por el Estado de Bienestar
La reforma del Sistema Nacional de Salud (SNS) no ha dejado indiferente a nadie. Han sido muchas las voces que han acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de quebrantar el derecho que tenemos todos los ciudadanos españoles a recibir asistencia sanitaria de manera gratuita. Sin embargo, somos muchos también los que apoyamos la nueva normativa, al considerarla más justa.
De una vez por todas, los ciudadanos debemos hacer un ejercicio de reflexión y ser sinceros ¿cuántas cajas de medicamentos tiramos anualmente? La respuesta es 37.000 toneladas, según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad. ¿Es justo que despilfarremos el dinero así o debemos replantearnos nuestros hábitos de consumo?
Aunque muchos lo critiquen, el Gobierno con la aprobación de la nueva normativa, incluida en el Real Decreto 16/2012, ha querido ser solidario con los que menos tienen. De hecho, quedan excluidos del llamado copago sanitario los perceptores de pensiones no contributivas, los que reciben las llamadas rentas de integración social, las personas con discapacidad y los parados de largo duración. En esta línea, desde Sanidad han querido manifestar que esta fórmula es más equitativa, ya que aportará más el que más tiene y menos, o nada, los que menos poseen.
Otro de los cambios que plantea la nueva normativa es la clasificación del paciente. Hasta la fecha se tenía en cuenta si era activo, pasivo o crónico. Ahora, además, se tendrá en cuenta la renta. De esta manera, el Ejecutivo garantizará la continuidad de los tratamientos de carácter crónico y se asegura un alto nivel de equidad de los pacientes pensionistas.
De esta manera, los jubilados, que hasta ahora estaban exentos de pagar, abonarán tan sólo un 10% del coste de los medicamentos, con un límite de ocho euros al mes, para aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros. En caso de que los pensionistas cobren entre 18.000 y 100.000, pagarán 18 euros mesuales. Y, los que reciban más de 100.000 euros abonarán sólo 60. Unas cifras aceptables y que no supondrán ningún esfuerzo económico para el contribuyente.
Así, el Estado conseguirá ahorrarse la cantidad de unos 1.000 millones de euros. Una cuantía que podrá utilizar para sanear las cuentas de un Estado roto tras el paso del Gobierno socialista, que con su despilfarro ha conseguido sumirnos en una crisis económica y financiera tirando por la borda el bienestar de los españoles.
De una vez por todas, los ciudadanos debemos hacer un ejercicio de reflexión y ser sinceros ¿cuántas cajas de medicamentos tiramos anualmente? La respuesta es 37.000 toneladas, según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad. ¿Es justo que despilfarremos el dinero así o debemos replantearnos nuestros hábitos de consumo?
Aunque muchos lo critiquen, el Gobierno con la aprobación de la nueva normativa, incluida en el Real Decreto 16/2012, ha querido ser solidario con los que menos tienen. De hecho, quedan excluidos del llamado copago sanitario los perceptores de pensiones no contributivas, los que reciben las llamadas rentas de integración social, las personas con discapacidad y los parados de largo duración. En esta línea, desde Sanidad han querido manifestar que esta fórmula es más equitativa, ya que aportará más el que más tiene y menos, o nada, los que menos poseen.
Otro de los cambios que plantea la nueva normativa es la clasificación del paciente. Hasta la fecha se tenía en cuenta si era activo, pasivo o crónico. Ahora, además, se tendrá en cuenta la renta. De esta manera, el Ejecutivo garantizará la continuidad de los tratamientos de carácter crónico y se asegura un alto nivel de equidad de los pacientes pensionistas.
De esta manera, los jubilados, que hasta ahora estaban exentos de pagar, abonarán tan sólo un 10% del coste de los medicamentos, con un límite de ocho euros al mes, para aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros. En caso de que los pensionistas cobren entre 18.000 y 100.000, pagarán 18 euros mesuales. Y, los que reciban más de 100.000 euros abonarán sólo 60. Unas cifras aceptables y que no supondrán ningún esfuerzo económico para el contribuyente.
Así, el Estado conseguirá ahorrarse la cantidad de unos 1.000 millones de euros. Una cuantía que podrá utilizar para sanear las cuentas de un Estado roto tras el paso del Gobierno socialista, que con su despilfarro ha conseguido sumirnos en una crisis económica y financiera tirando por la borda el bienestar de los españoles.
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