La actual situación de crisis económica y financiera y el aumento de esperanza de vida de la sociedad española (según los datos de la Organización Mundial de la Salud la media es de 82,2 años. Las mujeres llegan a los 85 años, por casi los 79 que alcanzan los hombres) han hecho que nuestro sistema de pensiones se tambalee. 

El Gobierno del Partido Popular ha tenido que tomar cartas en el asunto y ha encomendado a Fátima Bañez, ministra de Empleo y Seguridad Social, la labor de coordinar y dirigir la reforma del sistema de pensiones. Un comité de doce expertos, presidido por Víctor Pérez-Díaz, doctor en Sociología, Derecho y Ciencias Políticas, e integrado en su mayoría por representantes de la patronal bancaria y aseguradora, son los encargados de asesorarla. Pese a que en un primer momento las informaciones que daban desde el Ministerio de Empleo apuntaban a que la creación de este comité respondía a principios de independencia y pluralidad, la realidad ha sido otra y la mayoría de ellos colaboran con la banca y las compañías de seguros, primeras interesadas en impulsar planes de pensiones privados. En estos momentos, están analizando el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones con el que se intenta adecuar el sistema de la Seguridad Social al aumento de la esperanza de vida y garantizar su viabilidad de futuro. 

¿Pero, cómo afectará la reforma a los pensionistas? Las previsiones no son muy halagüeñas  y a partir de la entrada en vigor de la reforma que, posiblemente y siguiendo las recomendaciones de Bruselas, será en 2014, las pensiones dejarán de tener garantizada su actualización, como hasta ahora, en función del aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC), conocido como inflación. Probablemente a partir de la reforma, la actualización de la cuantía de las pensiones tendrá en cuenta factores como la marcha de los ingresos por cotizaciones, el aumento del número de pensiones, la esperanza de vida y la propia evolución de la pensión media. Todas ellas medidas que, en este escenario de crisis económica, afectará al bolsillo de los perceptores de esta prestación.

El Ministerio de Empleo ha querido insistir en que la reforma se hará sin cambios bruscos y de manera gradual, y que no afectará a los algo más de nueve millones de pensionistas actuales ni a aquellos trabajadores que ya tengan muchos años cotizados. Sin embargo, el impacto de la reforma será inmediato y las arcas públicas dejarán de gastar 2.000 millones de euros anuales hasta el año 2016. Una buena noticia para el Gobierno de Mariano Rajoy aunque no tan buena para los futuros pensionistas que verán sus ingresos mermados.