Recientemente, el Gobierno ha presentado los Presupuestos Generales del Estado para 2015 y, de forma particular, conocemos ya las cifras que manejará este curso el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La partida contará con 1.924 millones de euros, lo que supone un incremento de 11,7 millones con respecto a los presentados en 2014. 

Desde el Gobierno se ha insistido en que “si el año pasado estábamos ante los presupuestos de la recuperación, los de 2015 serán los de la consolidación”. La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha recalcado que el 81% del dinero que recibe Sanidad se destinará a su departamento; que, a su vez, “siete de cada diez euros irán a parara al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)”; y que “el 54% de los PGE se invertirán en gasto social”. 

Pero lo cierto es que las críticas hacia estos supuestos “presupuestos de la consolidación” (más bien, “consolación”) no se han hecho esperar. Hay que recordar que en 2014, Sanidad contó con un sustancioso descenso del 35,6% y que, este año, tan solo se incrementa en un 0,7%. Para que lo entendamos mejor: de cada 100 euros de estos PGE, invertiremos 1,1 euros en Sanidad y 0,5 euros en Servicios Sociales. Piensen, por ejemplo, que se dedican 37,8 euros de cada 100 a las pensiones contributivas y eso que el montante total de esta partida es prácticamente el mismo de 2014 (sube un 3,2%), ya que las pensiones solo se incrementarán en ese 0,25% mínimo previsto.

En dependencia también comprobamos el estancamiento de estos presupuestos. El Gobierno prevé un gasto mínimo de poco más de 1.087 millones de euros, una aportación idéntica a la de 2014 que vuelve a dejar desatendidos a los 315.000 dependientes de Grado I (moderados), excluidos desde hace dos años. En España hay 896.449 personas con derecho a algún tipo de prestación, de las que 723.471 la reciben y el resto permanece en lista de espera. El resultado, según comentó el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Jose Manuel Ramírez, es que “un 20% de los dependientes con derecho a prestación están desatendidos en un flagrante incumplimiento de la ley”. 

En realidad, los números cantan por sí solos, en 2011, el nivel mínimo de la partida de dependencia ascendió a 1.287 millones de euros, 200 más que en 2014, que es la misma cantidad que mantiene el Gobierno ahora.

Quizá la única nota positiva se concentre en la partida dedicada al Imserso. La inversión en los programas de turismo y termalismo social, cuyo fin es la promoción de un envejecimiento saludable, asciende a los 105,5 millones de euros. No deberíamos olvidar que este tipo de programas no solo previenen la dependencia, sino que mantienen 106.000 empleos y generan una actividad económica de 435 millones de euros. 

Precisamente, el director general del Imserso, Cesar Antón, es consciente de cuál debe ser la prioridad para 2015: cumplir con la plena integración para los dependientes moderados, con lo que se aumentaría la partida en dependencia si fuese necesario (se estima que harían falta unos 83,7 millones más).