Nadie duda de que en 2021 seguiremos hablando de la Covid-19. En estos primeros compases del año, estamos observando un gran repunte de casos positivos en toda España –y en el resto de Europa–, en una tercera ola que, anunciaban los expertos, vendría tras las fechas navideñas. 

Seguimos también con interés (y esperanza) la puesta en marcha de la campaña de vacunación que, seguro, será clave para salir de esta crisis, pero que tampoco estará exenta de contratiempos. Lo estamos viendo en el ritmo desacompasado de las regiones a la hora de administrar las dosis o en los retrasos de Pfizer en el suministro.

Sin embargo, la vida no se detiene con la pandemia. Fuera de esta vorágine informativa relacionada con el coronavirus, la noticia más relevante para el sector sociosanitario ha sido el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales para el desarrollo del conocido Plan de Choque para la Dependencia. 

Esta ‘Mesa de Diálogo Social’ lleva activa desde el verano pasado y hoy sabemos que, fruto de estas conversaciones, este año habrá un incremento de 600 millones de euros en dependencia. Además, existe el compromiso de nuevos aumentos en los presupuestos de 2022 y 2023, con una cifra global de 3.600 millones para esta partida.

Se cumplan o no las cifras anunciadas, lo cierto es que este acuerdo tiene varias implicaciones positivas. La primera, la simple predisposición al diálogo de todas las partes, en un momento de crispación política, y en un contexto complejo, con una crisis sanitaria que está minando el sector y que incluso dificulta las propias reuniones con normalidad. Es decir, esta voluntad para sentarse a hablar ya es, en sí misma, una buena noticia. 

Otro dato halagüeño es que, con este anuncio, se asientan las bases sobre las que empezar a edificar. 

El plan establece varios objetivos, entre ellos, uno de los prioritarios será reducir la lista de espera y los tiempos en la tramitación de solicitudes. Para este cometido, no solo es imprescindible incrementar la financiación, como se está pidiendo, sino que habrá que mejorar los procedimientos administrativos y de gestión, una medida que se detallará y aprobará este mismo mes de febrero.

En el documento se habla también de mejorar los servicios, las prestaciones y las condiciones laborales, contemplándose una probable subida en el precio de los conciertos, el aumento del número de profesionales y la mejora de su formación.

A medio plazo, otro gran avance es que la teleasistencia se considerará un derecho subjetivo, es decir, a finales de 2022 todas las personas dependientes que vivan en su domicilio tendrán acceso a este servicio por ley. 

La única pregunta que cabría hacerse ahora es si este plan será todo lo eficaz que necesitamos que sea. Desde algunas patronales ya han matizado que, aunque están satisfechos con el acuerdo, creen que carece de la financiación suficiente para atender a las más de 232.000 personas que se encuentran en el limbo de la dependencia. El Ceaps estima que harían falta otros 567 millones para eliminar las deficiencias más básicas y evitar que alguien fallezca esperando su ayuda . 

En todo caso, este plan debe entenderse como un primer paso. A lo largo del año, se deberá evaluar el sistema de la dependencia en su conjunto, con la intención de saber cómo y cuánto se invierte y  así realizar después los ajustes oportunos.

En este sentido, creemos que el sector privado tiene mucho que decir. Solo hay que ver su peso específico en un recurso tan crucial como es el de las residencias. En la península hay más de 5.600 centros con cerca de 382.000 plazas y, prácticamente, un 75% de ellas son privadas (unas 285.500) y otro 9% son públicas, pero con gestión privada. Así que, por un lado, para que el sistema sea sostenible en el tiempo, lo público y lo privado deberían ir necesariamente de la mano;  y, por otro, convendría escuchar lo que llevan pregonando varios años las empresas residenciales, que aseguran que con los precios actuales no es posible atender a los mayores como nos gustaría. 

Decía la presidenta del Ceaps, Cinta Pascual, que pedimos constantemente un sistema nórdico de atención, pero para ello “también tenemos que ser nórdicos en la financiación”. Y es que al final, queramos o no, el problema del sistema de dependencia siempre fue una cuestión económica.