jueves, 16 enero 2025
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EDITORIAL

Ni un paso atrás

El 29 de diciembre se cumplen 15 años desde la entrada en vigor, en España, de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En ese tiempo [...]
El 29 de diciembre se cumplen 15 años desde la entrada en vigor, en España, de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En ese tiempo, hemos pasado de los eufemísticos “crímenes pasionales”a los más certeros “asesinatos machistas”; de señalar la situación de “arrebato” del asesino a incidir en la cultura del patriarcado. Y, tras 631 denuncias dictadas, son evidentes dos aspectos: por un lado, que la norma ha supuesto un gran avance en la protección de las víctimas y, por otro, que este tipo de violencia contra la mujer sigue siendo un problema particularmente grave en nuestra sociedad. 
Lo indican las 1.028 mujeres asesinadas desde 2003*, cuando se empezaron a contabilizar las víctimas oficialmente (53, este año). Y lo señala su carácter silencioso, ya que casi seis de cada diez mujeres asesinadas no habían denunciado al maltratador. De hecho, según un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las mujeres tardan una media de ocho años y ocho meses en denunciar a su agresor o en pedir ayuda desde que comienzan los malos tratos. En el caso de las casadas, más de 12 años.
Por supuesto, los datos no solo son preocupantes en nuestro país, se trata de una lacra universal. La ONU, por ejemplo, con motivo del reciente Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aseguró que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, y casi siempre por parte de su pareja. El organismo aportó, además, un dato para entender la diferencia que existe entre hombres y mujeres en esta cuestión: una de cada dos de mujeres asesinadas (50%), en 2017, fue a manos de su compañero sentimental o de un miembro de su familia. Una circunstancia que únicamente se dio en uno de cada 20 hombres asesinados (5%).
Dentro de esta problemática, nos encontramos, a su vez, con víctimas que, por sus particularidades, son, si cabe, más vulnerables: las mujeres mayores. Si miramos las cifras en la península, 247 mujeres asesinadas superaban los 51 años, algo más del 24%, es decir, prácticamente una de cada cuatro. Este año, por ejemplo, esta proporción sube, ya que el 40,4% de las mujeres asesinadas era mayor de 51.
Según los expertos en la materia, la mujer mayor está todavía más invisibilizada porque se trata de un perfil que necesita, de media, más tiempo para denunciar. Además, algunos factores culturales asociados a esta generación hacen que, inconscientemente, rebajen la gravedad de la violencia física o psicológica que puedan sufrir. En otras palabras: su silencio dura más tiempo.
Por otro lado, y por lo general, las mujeres mayores tienen una concepción más tradicional de los roles de género, además de haberse criado en un modelo de desigualdad en el que se tiende a naturalizar la violencia física y verbal en las relaciones. 
Esta situación de vulnerabilidad se agrava todavía más en el ámbito rural, donde la población está más envejecida y las mujeres cuentan con menos recursos a su alcance. Además, en este entorno, la protección y la privacidad de la víctima es más difícil de garantizar. 
Después de las multitudinarias manifestaciones y concentraciones del 25N con el objetivo de evidenciar el problema y reclamar soluciones, desde este periódico también nos sumamos a la lucha contra la violencia de género, una batalla de la que nadie debería bajarse. 
Lo decimos alto y claro para, de paso, desmitificar de una vez por todas la recurrente crítica sobre las denuncias falsas, que, de nuevo, y según la última memoria anual de la Fiscalía General del Estado, se confirma que solo representan un 0,01% del total de denuncias presentadas, un porcentaje  anecdótico. 
Es evidente que existen aspectos de la ley que se pueden y se deben mejorar –retirar la patria potestad al maltratador que asesina a una mujer debería contemplarse en el Código Penal como obligatorio–, pero no podemos permitirnos ni un paso atrás en esta cuestión; y no podemos porque, por desgracia, esas 1.028 mujeres asesinadas no son ni un problema menor, ni mucho menos una cifra anecdótica.

* Dato actualizado a fecha del cierre de esta edición.

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