En marzo, el Círculo Empresarial de Atención a Personas (Ceaps) presentó el informe ‘El Caos de la Dependencia’ y, entre otras medidas, propuso crear un Ministerio de Mayores para poner en orden el sistema de dependencia español. La entidad remarcó que esta hipotética institución debería contar con una mayor inversión por parte del Estado: pasar del 0,5% al 2% del Producto Interior Bruto (PIB). Además de esta figura estatal que marcase la políticas y tendencias nacionales, cada comunidad tendría, a su vez, una consejería de mayores para gestionar el sistema con mayor eficacia.

Sin embargo, algunas asociaciones no creen que esta sea una buena medida, ya que, entre otras cuestiones, aislaría las políticas orientadas a las personas mayores –o con dependencia– del resto de la sociedad. Los detractores de esta propuesta consideran, por un lado, que ya existe una estructura administrativa del Estado con competencias en esta materia (el Imserso), por lo que no sería necesario un nuevo ente. Además, aseguran que lo verdaderamente importante es que los derechos y necesidades del colectivo se garanticen con medidas transversales a todos los ministerios. 

Por otro lado, las asociaciones también estiman que, en estos momentos, no sería una medida positiva desde una perspectiva social, hasta el punto de que podría incluso dividir a las organizaciones del propio sector.

Con dos posiciones tan polarizadas, el debate está servido: ¿Qué opinan? ¿Necesitamos un Ministerio de Mayores?

Esta dicotomía es similar a otra que surgió, hace unos años, en el ámbito de los medios de comunicación y que hablaba de si eran necesarias las publicaciones especializadas en un colectivo o si, en cambio, eran los medios generalistas los que tenían que visibilizar su situación. Sin embargo, en ambas cuestiones la pregunta sería: ¿por qué tenemos que elegir?

Es decir, un Ministerio de Mayores no significa ‘separar’ a las personas mayores del resto de la sociedad, sino reconocer su importancia (y particularidades) como colectivo dentro de un espacio común. Al fin y al cabo, lo que reclama el Ceaps es más presupuesto y recursos para mejorar el sistema de dependencia, y esto no solo repercute en los senior, aunque sea uno de los grupos mayoritarios. Por lo tanto, un Ministerio de Mayores seguiría ocupándose de aspectos sanitarios, de bienestar social y accesibilidad que nos incumben a todos y, de la misma manera, no habría motivos para que el resto de instituciones no buscasen la transversalidad en el resto de propuestas del Estado. ¿Qué o quién nos lo impide?

No obstante, es cierto que tanto el cambio de nomenclatura como una nueva estructura organizativa no resuelven, por sí solos, los problemas de desorden e ineficacia del sistema de dependencia a los que alude el Ceaps. Para incrementar los servicios necesitamos una mayor financiación del Estado, y para unificar los criterios de valoración –con un historial social y sanitario único y compartido– se necesita la voluntad política de llevarlo a cabo.

En definitiva, no deberíamos observar este posible Ministerio de Mayores como una solución final a todos nuestros problemas, sino como una consecuencia lógica: tras una larga senda que nos ha llevado a entender que el colectivo senior es una de las piezas fundamentales en el engranaje de este país. 

¿Piensa lo mismo el Estado? Porque la cuestión no es tanto saber si nos conviene más crear nuevas instituciones, renombrar ministerios o aprovechar mejor los organismos que ya tenemos. En realidad, la clave está en que, junto a la estructura organizativa que elijamos, haya detrás un Gobierno que verdaderamente apueste por las personas mayores.