Hace pocas semanas, una persona me comentaba que Podemos viene para quedarse… y ¡qué razón que tenía! Pero creo, eso sí, que este amigo no contaba con la presencia de Albert Rivera –de Ciudadanos–. Después de los resultados que arrojaron las elecciones en Andalucía, comprobamos que Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez se desinflaron considerablemente, Ciudadanos nos sorprendió, el Partido Popular se estrelló y el PSOE aflojó en buena medida.
Ahora con la resaca de las andaluzas, y en espera de las próximas autonómicas del 24 de mayo, empiezan los pactos y se abren los interrogantes. ¿Quedarán en manos de esos nuevos partidos las consejerías que soportan la carga de las políticas sociales y atención a la vejez? Esta suele suele ser la tónica general, tal y como se ha visto en anteriores gobiernos autonómicos como el tripartito en Cataluña –donde quedó en manos de ERC– o con el bipartito de Galicia –que pasó a ser competencia del BNG–. En cualquier caso, precisamente en Cataluña y Galicia habrá que esperar un poco más para resolver esta duda, pues los ciudadanos aún tardarán unos meses en acudir a las urnas.
A día de hoy, este departamento es uno de los más importantes en materia de servicios sociales, y en él muchos representantes de los partidos políticos tradicionales –PP y PSOE– han tenido que poner mucho ingenio para poder atender la Cartera de Servicios de cada una de las comunidades autónomas. En estas consejerías están implicadas, además, las empresas del sector sociosanitario, que colaboran, y mucho, en el diseño de nuevos servicios de calidad que sean accesibles a todos los ciudadanos.
Pero vayamos a los hechos concretos. Repasando el programa de Podemos encontramos una apuesta por impulsar “la alfabetización tecnológica para las personas con discapacidad y las personas mayores, creación de residencias, legalizar a los familiares que ejercen funciones como cuidadores como trabajadores en condiciones de cotización, prohibición explícita del copago sanitario y farmacéutico e implementación de un modelo sanitario financiado a través de impuestos directos, gestionado públicamente, con una organización democrática y una administración transparente y eficaz, y basado en la integración y la coordinación entre la Atención Primaria de Salud y la Atención Especializada, y entre los servicios de Salud Pública y los Servicios Sociales”.
Ciudadanos, por su parte, opta por “aumentar las horas/día en el servicio de ayuda a domicilio, crear viviendas asistidas de apoyo sanitario, ayudar económicamente al cuidador familiar, fomentar la telemedicina y mejorar los mecanismos de inspección, mejorar los servicios domiciliarios adaptándolos a las necesidades particulares para que las personas puedan vivir de forma independiente en sus hogares, todos los jubilados tendrán derecho a pensiones adecuadas y actualizadas, un sistema público de pensiones contributivo y de reparto con solidaridad entre generaciones”.
Ante tal avalancha de medidas, que entre los dos partidos no superan las 20 líneas, y el cómo lo hacemos, que brilla por su ausencia, sugerimos a estos partidos que probablemente asumirán estas carteras, que concreten dichas propuestas, tan generales y tan escasas, y que lo hagan, eso sí, con la colaboración y el consenso de los representantes del sector sociosanitario, como empresarios, profesionales de la salud y los servicios sociales, fundaciones, universidades, consultoras, sociedades científicas, movimiento asociativo, etcétera.