Al cierre de este número, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que establecerá los tipos de contrato temporal en el Sistema Nacional de Salud. El objetivo, dicen en el Gobierno, es reducir la temporalidad, cuya tasa es especialmente elevada en el empleo público y más, en el ámbito sanitario.

De esta manera, la normativa obliga a convocar concursos u oposiciones antes de terminar 2022 con el fin de regularizar la situación de los profesionales en el plazo de dos años. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que se estabilizarán, así, a 67.000 profesionales en situación de temporalidad del SNS.

La nueva norma establece dos únicos grandes grupos de personal con contrato temporal: interino y sustituto; el primero, solo podrá ser contratado por un plazo máximo de tres años para plazas que no puedan ser cubiertas por personal fijo o para programas temporales (un máximo de nueve meses en este caso). El segundo, solo sustituirá a titulares por baja, vacaciones, guardias de personal exento (como los mayores de 55 años) o para cubrir reducciones de jornada.

Por último, se llevarán a cabo medidas para que las autoridades sanitarias que realizan las contrataciones puedan controlar la temporalidad y que esta se sitúe por debajo del 8% antes de 2025, que es el margen establecido. 

Frenar esta escalada de contratos temporales es urgente. Los datos no mienten: en 2020, el porcentaje de temporalidad de los empleos públicos en sanidad se situó en el 41,9%, una cifra que no ha parado de subir desde 2012 (28,5%).

Teniendo en cuenta que gran parte de la culpa de  esta situación la tiene la crisis de 2008 –y que se avecina un otoño complicado–, la noticia del Gobierno no podía llegar en mejor momento. Después de dos años de sobrecarga de trabajo por la pandemia, este real decreto-ley mejora las condiciones laborales del colectivo. 

Sin embargo, este debería ser solo el primer paso de una serie de cambios perentorios para paliar el déficit de recursos humanos del SNS. Una carencia que evidenció la Covid-19, pero que viene de más atrás. 

Según los expertos, el déficit de médicos no es generalizado, sino que afecta a determinadas especialidades como la Medicina de Familia y, sobre todo, la Atención Primaria. Los motivos se achacan a las malas condiciones laborales, que hace que los puestos sean menos atractivos y cada vez existan menos especialistas. 

Además de este factor, se cree que hay una falta de planificación en determinadas áreas, por ejemplo, en las plazas MIR, con recortes desde hace más de una década; o en Enfermería, donde el Satse estima que se necesitarían 87.000 profesionales más.

La situación es crítica debido también a una tendencia inevitable: el envejecimiento de la población, lo cual aumenta la demanda del sistema debido a las enfermedades crónicas asociadas a la edad y a la mayor dependencia del colectivo senior.

Solo hay que atender a los datos del último ‘Observatorio Nacional de Valoración Integral en Personas Mayores’, que apunta que más del 76% de las personas mayores hospitalizadas tiene dependencia funcional. ¿Qué ocurrirá cuando la generación X y los baby boom superen los 65 años? En 2050, se estima que la población mayor en España supere el 40%. ¿Cómo podrá el sistema atender a más de ocho millones de nuevos mayores?

En España hay 3,1 profesionales de medicina por cada 1.000 habitantes, una cifra por debajo del 3,6 la media europea y no digamos de países como Alemania (4,2). Unos números que empeoran si hablamos de personal de Enfermería, con un 3,8 frente a los 8,3 de la UE. 

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya están advirtiendo de que este proceso de estabilización del Estado no va a solucionar los problemas estructurales de la sanidad española por falta de personal y recursos. Por ello, desde el sindicato reclaman un plan estratégico a cinco o diez años vista “para situarnos en la media europea y recuperar los niveles de calidad con los que se planteó el SNS desde sus inicios y que hoy se encuentran seriamente deteriorados”.

Esta reducción de la temporalidad que anunció Darias –y que ayudará también a regularizar a 30.000 profesionales adicionales mediante oposición– viene a moderar una situación que se había convertido en endémica, pero flaco favor nos haríamos si pensásemos que el problema queda resuelto.