EDITORIAL
La senda que ha de seguir la Sanidad
Nuestros políticos deberían centrarse en la consolidación de un Sistema Nacional de Salud eficaz y eficiente, que persiga la excelencia
El varapalo judicial al plan privatizador de la sanidad madrileña, que ha derivado en la paralización del Gobierno de la Comunidad de Madrid de sus grandes proyectos de esta legislatura, es la mejor noticia con la que hemos estrenado este 2014, “el año de la recuperación”, según se afana en declarar el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Si realmente lo será está por ver, pues la cantinela de la recuperación la hemos escuchado en los años precedentes sin que ello haya llegado finalmente a ninguna parte, pero al menos sí podremos decir que 2014 no será el de la destrucción total de un sistema sanitario público que es envidia para muchos de nuestros socios europeo -esos en los que tanto se fijan nuestros gobernantes para justificar recortes de derechos y servicios sociales- y que parece que algunos no acaban de reconocer.
Otros sí. Ahí está el ejemplo de las llamadas ‘mareas’, como la blanca, que liderada por ciudadanos de a pie, médicos, enfermeros, auxiliares y todo tipo de profesionales sanitarios, ha sabido llevar a la calle y a los tribunales la aventura privatizadora comenzada por Madrid hace dos años, que además de la cesión de la gestión de seis hospitales públicos inaugurados en 2008 al sector privado, contemplaba la privatización del 10% de los centros de salud, y ha puesto sobre la mesa un debate de vital importancia: ¿queremos perder el que se ha venido en llamar el gran logro social en España desde la Transición?
No es que Madrid haya sido la primera autonomía en abrir la senda de la privatización sanitaria, ya que buscaba, de alguna forma, seguir el modelo de la Comunidad Valenciana, que abrió cinco hospitales de gestión privada en once años y les cedió a las empresas beneficiarias el control de la atención sanitaria de los habitantes de las zonas de influencia del hospital. El problema es que aún está por ver si estas experiencias han repercutido en una mayor sostenibilidad del sistema de salud y en un ahorro para las arcas públicas, pues la Generalitat no ha sido capaz, en estos años, de dar datos que arrojen un beneficio real, económico y en términos de calidad asistencial, de este modelo. Algo similar a lo ocurrido en Madrid, donde la Comunidad nunca dio cifras específicas de cuánto estimaba ahorrar con la cesión de esos recursos. Otras regiones, como Extremadura y Castilla-La Mancha debieron dudar también de las cuentas de la privatización y dieron marcha atrás, hace meses, a sus respectivos proyectos de externalización sanitaria.
Independientemente del contenido ideológico de muchas de estas iniciativas, que lo tienen, lo que se pone sobre la mesa inevitablemente es la cuestión de la sostenibilidad del sistema sanitario.
Se escuchan desde algunos sectores voces que dicen que la sanidad española es cara, pero esta afirmación no es cierta si nos fijamos en los países de nuestro entorno. Según la OCDE, en 2011 España dedicó el 9,3% del PIB al gasto sanitario, es decir, lo mismo que la media de los estados integrados en este organismo, pero por debajo de muchos de nuestros vecinos europeos, como Francia (11,6%), Alemania (11,3%) o incluso Portugal (10,2%), mientras que el gasto sanitario por habitante es uno de los más bajos de la OCDE.
En lo que deberían centrarse, por lo tanto, nuestros políticos es más bien en la consolidación de un Sistema Nacional de Salud, eficaz y eficiente, en la senda de la excelencia, que sepa adaptarse a los cambios y retos de una población cada vez más envejecida y donde el impacto de la cronicidad es incuestionable.
El Consejo Interterritorial del SNS aprobó, en diciembre, la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, que busca priorizar, en las políticas y actuaciones en materia sanitaria, el abordaje de los procesos crónicos desde un enfoque integral y promoviendo la coordinación entre todos los niveles, sectores y actores implicados. La primera fase de este plan hace especial hincapié en la acción hacia dos poblaciones: los niños y los mayores de 50 años. Quizás habría que haber adoptado antes esta vía, pero al menos parece que los responsables de las administraciones públicas han encauzado el camino. Mejor que sigan por aquí.
Otros sí. Ahí está el ejemplo de las llamadas ‘mareas’, como la blanca, que liderada por ciudadanos de a pie, médicos, enfermeros, auxiliares y todo tipo de profesionales sanitarios, ha sabido llevar a la calle y a los tribunales la aventura privatizadora comenzada por Madrid hace dos años, que además de la cesión de la gestión de seis hospitales públicos inaugurados en 2008 al sector privado, contemplaba la privatización del 10% de los centros de salud, y ha puesto sobre la mesa un debate de vital importancia: ¿queremos perder el que se ha venido en llamar el gran logro social en España desde la Transición?
No es que Madrid haya sido la primera autonomía en abrir la senda de la privatización sanitaria, ya que buscaba, de alguna forma, seguir el modelo de la Comunidad Valenciana, que abrió cinco hospitales de gestión privada en once años y les cedió a las empresas beneficiarias el control de la atención sanitaria de los habitantes de las zonas de influencia del hospital. El problema es que aún está por ver si estas experiencias han repercutido en una mayor sostenibilidad del sistema de salud y en un ahorro para las arcas públicas, pues la Generalitat no ha sido capaz, en estos años, de dar datos que arrojen un beneficio real, económico y en términos de calidad asistencial, de este modelo. Algo similar a lo ocurrido en Madrid, donde la Comunidad nunca dio cifras específicas de cuánto estimaba ahorrar con la cesión de esos recursos. Otras regiones, como Extremadura y Castilla-La Mancha debieron dudar también de las cuentas de la privatización y dieron marcha atrás, hace meses, a sus respectivos proyectos de externalización sanitaria.
Independientemente del contenido ideológico de muchas de estas iniciativas, que lo tienen, lo que se pone sobre la mesa inevitablemente es la cuestión de la sostenibilidad del sistema sanitario.
Se escuchan desde algunos sectores voces que dicen que la sanidad española es cara, pero esta afirmación no es cierta si nos fijamos en los países de nuestro entorno. Según la OCDE, en 2011 España dedicó el 9,3% del PIB al gasto sanitario, es decir, lo mismo que la media de los estados integrados en este organismo, pero por debajo de muchos de nuestros vecinos europeos, como Francia (11,6%), Alemania (11,3%) o incluso Portugal (10,2%), mientras que el gasto sanitario por habitante es uno de los más bajos de la OCDE.
En lo que deberían centrarse, por lo tanto, nuestros políticos es más bien en la consolidación de un Sistema Nacional de Salud, eficaz y eficiente, en la senda de la excelencia, que sepa adaptarse a los cambios y retos de una población cada vez más envejecida y donde el impacto de la cronicidad es incuestionable.
El Consejo Interterritorial del SNS aprobó, en diciembre, la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, que busca priorizar, en las políticas y actuaciones en materia sanitaria, el abordaje de los procesos crónicos desde un enfoque integral y promoviendo la coordinación entre todos los niveles, sectores y actores implicados. La primera fase de este plan hace especial hincapié en la acción hacia dos poblaciones: los niños y los mayores de 50 años. Quizás habría que haber adoptado antes esta vía, pero al menos parece que los responsables de las administraciones públicas han encauzado el camino. Mejor que sigan por aquí.
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