Se pretende, por parte del gobierno, hacernos creer a través de unos datos inciertos ,  que la mayoría de las prestaciones por muerte y supervivencia son compatibilizadas y cobradas a la vez que otras prestaciones, por lo que es injusto  por un lado  y que además supone un gran esfuerzo  para las arcas de la seguridad social.
Dicho análisis no se ajusta a la realidad ya que siete de cada diez pensionistas de viudedad tiene ese ingreso como única fuente de rentas, y utilizo el término femenino pues son las mujeres en un 90% las perceptoras de dicha prestación. La edad media de acceso a dicha prestación está en los 60 años y el 83% lo hacen cuando tienen más de 65 años. Y está claro que el fin es para transformarlas en asistenciales y modificar la compatibilidad de prestaciones de la  seguridad social.
Llevamos años enfrentándonos al objetivo de privatizar el sistema público de pensiones. 1975 privatizaron las pensiones en Chile y Argentina, en 1985 se aprobaba en España la Ley de Pensiones aumentando el cálculo de las pensiones de 2 a 8 años; en 1989 se aprueba la Ley de Fondos Privados de Pensiones, ley que ya se nos apunta cual es el interés del capitalismo, 1995 CCOO y UGT con el apoyo de todos los partidos políticos  firman el Pacto de Toledo, la reforma más silenciosa, 2007  la Ley 40/2007 de 4 de diciembre, reforma de importante caladao y en el 2010 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anuncia una reforma sin consultar a los partidos representados en la comisión del Pacto de Toledo,  y precipitadamente se desencadenan otras reformas por el gobierno de Mariano Rajoy durante el 2012 y 2013.
Es en el Pacto de Toledo, en la primera de sus recomendaciones, en la cual hace referencia a la Separación de fuentes de financiación dejando claro que, pensiones contributivas financiadas exclusivamente con cotizaciones sociales (jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad…) y pensiones no contributivas (sanidad, servicios sociales, asistenciales, etcétera) con impuestos.
Quedando claro que las pensiones de muerte y supervivencia son prestaciones contributivas, porque aunque la persona que las percibe no realizó las cotizaciones, si cotizó la persona fallecida y lo hizo a unas contingencias entre ellas el riego de muerte y supervivencia ¿con que derechos se puede plantear la expropiación de estos derechos ya cotizados?
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, comparece en la Comisión del Pacto de Toledo y plantea que para  aliviar el déficit del sistema de pensiones  hay que avanzar en la separación de fuentes de financiación  y financiar vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) prestaciones como viudedad u orfandad (de muerte y supervivencia).
Si es el conjunto de la seguridad social  la que tiene déficit, dicho déficit no se solucionaría nunca retirando las prestaciones de muerte y supervivencia de las cotizaciones sociales, ya que representan unos  3,5 millones de pensiones, con una pensión media de 643,5 euros mensuales, lo  que no alcanzan a significar el 3% del PIB. Pero y tal como se definía en el Pacto de Toledo, lo que si sucedería es que se modificaría su naturaleza  pasando a ser prestaciones asistenciales y no contributivas, lo que significaría someterlas de inmediato a un gran recorte de sus cuantías y de los derechos que dan lugar a su concesión, además de su casi nula revalorización durante años.
Incluso al modificar dicha naturaleza y al pasar a ser asistencial, el gobierno podría transferirlas  a las comunidades autónomas, lo que provocaría mayor desigualdad, ya que muchas de las comunidades autónomas se encuentran sin recursos suficientes para hacerse cargo de las mismas.
Además pretenden realizar  un cambio de una prestación saltándose el Propio Pacto de Toledo, donde inequívocamente marca a las prestaciones de muerte y supervivencia en el grupo de contributivas,  para de una forma escondida puedan someter a recortes generalizados a dichas prestaciones, incluso en el caso también de incompatibilidad con otras prestaciones del sistema, se reduciría muy pero que muy poco el gasto total de las pensiones y mucho menos que fuese ni mínima la aportación para sufragar su déficit. 
Esta decisión por parte del Gobierno y como decisión unilateral debería ser parado por la propia comisión del Pacto de Toledo y en su conjunto por las fuerzas sociales de nuestro país, ya que lo único que buscan es separar la lucha por prestaciones y así divide y vencerás.