A mediados de julio, durante un discurso de investidura que, finalmente, no salió adelante, Pedro Sánchez anunció 60 propuestas para su proyecto de Gobierno. Entre sus medidas, la número 47 hablaba de crear una nueva Ley de Servicios Sociales para incorporar, dentro de su catálogo, la asistencia personal: una prestación que facilitaría el acceso al empleo, la formación, el ocio y la participación social a determinadas personas en situación de dependencia. Lo que igual algunos no saben es que esa  prestación ya se recoge en el sistema de la dependencia desde su origen, en 2006.

Actualmente, y según se especifica en la ley, existen tres tipos de prestaciones económicas: la primera es la de ‘cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales’, que se concede cuando es el familiar quien se encarga de la atención. La segunda es la ‘vinculada al servicio’, que se presta cuando una persona dependiente, por no tener acceso a un recurso público o concertado, tiene que acudir a un centro de día o residencia privada. Y la tercera es la comentada y desconocida prestación de ‘asistencia personal’, que ayuda en los gastos derivados de la contratación de esta figura asistencial, que es el profesional que acompaña y realiza las tareas básicas de la vida diaria de una persona con dependencia.

Digo desconocida porque  parte del territorio español parece no saber siquiera que existe, empezando por las propias Administraciones que la gestionan. En un excelente artículo publicado recientemente en El Confidencial, en el que su autor, Carlos Matallanas, cuenta su experiencia personal como persona con una dependencia severa, asegura que “las comunidades no quieren que los ciudadanos con discapacidades nos informemos sobre determinadas ayudas económicas”. Lo cierto es que pese a que su caso, con la enfermedad del ELA, se ajusta perfectamente a una prestación de asistencia personal, Matallanas recibe, en su lugar, una ayuda para cuidadores no profesionales de una cuantía mucho menor. 

No se trata de una situación aislada, porque los números no mienten: según los datos oficiales a fecha de 31 de agosto de este año, de las 572.317 prestaciones económicas que se conceden en España, solamente 7.605 son para asistencia personal (un pírrico 1,32% del total). Muy lejos, por ejemplo, de las 418.528  prestaciones que se otorgan para cuidadores familiares. Además, su distribución por regiones es, cuando menos, llamativa: del total de las dedicadas a asistencia personal, Euskadi concede 6.139 prestaciones y Castilla y León, 1.119. Del resto de autonomías, solo Galicia se sitúa por encima del centenar, muchas otras apenas superan la decena y siete regiones no registran ni una sola. ¿Cómo es posible que exista esta descompensación entre territorios? ¿Cómo se explica que Euskadi, con 65.330 beneficiarios, represente el 80% de esta ayuda y una comunidad como Andalucía, con 215.598 beneficiarios, solo conceda esta prestación a once personas (0,14%)?

Desde luego, parece deliberado que esta prestación no se haya desarrollado y ofertado lo suficiente. Sobre todo si, como habrán intuido ya, supone un cuantioso ahorro para las distintas Administraciones: entre una prestación para un cuidador familiar y una para un asistente personal puede haber hasta cerca de 500 euros de diferencia al mes. 

No se puede tolerar que el SAAD mantenga estas desigualdades dentro del territorio español. Nuestras personas dependientes tienen derecho a recibir las ayudas que más se ajusten a su situación vital y no la que más le convenga a las arcas comunitarias. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ley, aunque algunos todavía no se hayan enterado.