A  medida que el Gobierno central toma decisiones para salir de la crisis (aprobación de reales decretos, reformas legislativas, subida del IVA y un largo etcétera), los españoles asistimos inamovibles a lo que muchos ya han denominado un descuartizamiento de las políticas sociales y, en consecuencia, a un desmantelamiento definitivo del cuarto pilar del Estado de Bienestar. Pero, ¿es demasiado tarde para salvaguardar esta pata de la mesa que está a punto de desquebrajarse? ¿Estamos a tiempo de hacer algo por nuestro bienestar y el de las generaciones que están por llegar?
Preocupados por la situación de incertidumbre que se vive en el país, profesionales de todas las disciplinas implicadas en el proceso de atención a la dependencia ya han tomado cartas en el asunto e intentan alzar sus voces, desesperadas e indignadas, para que el Gobierno no continúe por esta senda que está dañando profundamente a las políticas sociales que durante tantas décadas costaron fortalecer por encima de otras materias.
Más allá de nuevos tijeretazos al sistema, los empresarios apuestan por llevar de la mano al Gobierno de Rajoy hacia una de las posibles claves de toda esta maraña de porcentajes, reducciones, deudas y listas de espera: el aprovechamiento de las oportunidades del sector. Son muchos meses los que la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia lleva emitiendo informes en los que advierte de las ventajas que tendría para el país el aprovechamiento de este sector estratégico. Más allá, se refieren a éste como un posible motor de la economía y un generador de empleo -sin duda dos asignaturas pendientes en las que España sigue suspendiendo-. Así las cosas, los miembros de la federación pronostican que “reducir en servicios de dependencia no reduce el déficit, sino que incrementa el gasto”. Como primera medida, los empresarios tienen claro que se debe proceder a la ocupación inmediata de 50.000 plazas residenciales, actualmente vacías, para atender a los más de 170.000 grandes dependientes que esperan recibir un servicio.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales tampoco permanece en silencio y recientemente ha presentado un documento en el que analiza el borrador de anteproyecto de presupuestos para el 2013, en lo referido a las prestaciones básicas de Servicios Sociales. El punto de partida de su informe es la decisión del Gobierno popular de recortar el 40% en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. “La consecuencia de esta situación de desbordamiento de las necesidades más básicas (...) y la drástica reducción de las ayudas que pueden esperar por parte de las administraciones públicas, sólo puede desembocar en un grave conflicto que supondrá la quiebra de la cohesión social que tanto ha costado construir en nuestro país, y una seria regresión social de la que costará décadas recuperarse”. Así de clara y contundente suena su demanda.
Movidos por la desesperación, los miembros del Consejo General del Trabajo Social han llamado la atención de los ciudadanos con la recreación, en plena Puerta del Sol de Madrid, de un funeral por la muerte de la política social. Entre otras consignas lanzadas en esta particular concentración, los trabajadores sociales sentencian que “el recorte constante en este área no hará sino agudizar el aumento de la pobreza”.
En definitiva, a la pregunta aparentemente retórica de si es demasiado tarde, o no, para salvaguardar la política social, la respuesta es unánime entre los sectores implicados: a pesar de la adversidad del momento, no está todo perdido. Las soluciones están ahí pero en la mano de todos los españoles está seguir luchando por un cambio que mantenga a buen recaudo lo que es nuestro por derecho. Haciendo uso de las irritadas declaraciones emitidas desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, “es mucho más que una cuestión política, se trata de una exigencia humana”.
A los particulares también les pesa la incertidumbre. Desean aportar su granito de arena, su visión del problema, quieren ser tenidos en cuenta y reclaman un espacio en el que poder expresarse con libertad. Quizá ése debería ser, precisamente, el primer movimiento que haga el Gobierno: aprender a escuchar antes de hablar.