El Tercer Sector está en pie de guerra, y no es para menos. El Gobierno prepara una reforma de la Ley de Subvenciones que puede ser, para muchos, el fin de buena parte de las entidades no gubernamentales que hoy nutren la red organizada de solidaridad de este país. Son muchas las organizaciones afectadas, aunque a nosotros nos preocupa especialmente el movimiento asociativo de y  para mayores.
El Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 38/2003 del Régimen General de Subvenciones incluye medidas de dudosa efectividad para algo más que para las arcas públicas, pues lo que parece evidente es que detrás de dicha reforma no hay más que otro recorte al sistema de atención social, el enésimo. Una de las cuestiones cruciales del texto es la nueva redacción del artículo 19, que determina que, a partir de ahora, el importe de la subvención -o la suma de ellas- no podrá superar el 75% del coste de la actividad para la que se haya solicitado la ayuda. Esto significa que la entidad beneficiaria ha de costear el restante 25%, lo que es casi como una sentencia de muerte para la mayoría de las organizaciones del Tercer Sector. El 90% desaparecerán, se aventuró a cifrar recientemente el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato. No sabemos si tantas, pero es indudable que muchas tendrán que cesar en su actividad incapaces de prestar unos servicios que, no lo olvidemos, se ofrecen por solidaridad, nunca como intercambio comercial. Las ONG y asociaciones sin fin de lucro dan cobertura, en la actualidad, a unos diez millones de personas en situación de vulnerabilidad. Prestan programas y atienden las necesidades inmediatas de colectivos a los que, de otra forma, tendría que asistir el Estado. La cofinanciación de estas actividades no hará más que redundar en una rebaja de su intensidad o, peor aún, de su calidad.
Es indudable que estas organizaciones tendrán que buscar recursos para seguir ejerciendo su actividad más allá de las arcas estatales, llamando a las puertas del sector privado y recurriendo al cobro de cuotas a sus asociados. Puede que la fórmula funcione para algunas, pero es evidente que este modelo no es para todas. Primero, por la propia definición de entidad sin ánimo de lucro de la mayoría y, segundo, porque esto las abocaría a la incertidumbre de depender de unos fondos que no son nada seguros.
Pero no sólo es una cuestión de financiación. Preocupa también, y mucho, que el marco que se quiere imponer suponga un aumento en la burocracia y los trámites administrativos, como la no aceptación de facturas electrónicas como comprobante de pago. Es indudable que hay que demandar a las organizaciones del Tercer Sector, al igual que a formaciones políticas y sindicales, más transparencia. Porque inculcar la cultura de la transparencia -de la que tanto huyen las instituciones de este país, por cierto- es la herramienta más eficaz para llevar el control de las subvenciones que se otorgan, para garantizar que los fondos llegan real e íntegramente a quienes han de ser sus beneficiarios finales y porque, al fin y al cabo, es la fórmula para que la sociedad entera tenga conocimiento de la labor fundamental que cumplen las organizaciones del Tercer Sector y vea satisfecha su confianza en ellas.
Lo que debería imperar, en fin, es dejar de una vez por todas de poner trabas y apoyar más a estas organizaciones que, a día de hoy, están ayudando a mantenerse a flote a su vecino, al mío, y puede que mañana a nosotros mismos.