Zapatero, bien animado por dejar alto el listón de presidente de turno de la Unión Europea, o bien en un intento desesperado de encontrar medidas que ayuden a ver señales de recuperación económica, lanzó la noticia a modo de “globo sonda”- algo que ya se ha convertido en habitual- y esperó la reacción de la opinión pública. Poco después, se aprobó en el Consejo de Ministros. Quizás esta forma de actuar sea discutible, pero hay que valorar la relevancia que tiene abrir el debate de la reforma del sistema de pensiones, sobre todo por las reacciones en contra que suscita este tema. Aunque la respuesta más incomprensible ha sido la de los sindicatos que ya amenazan con romper el pacto social, a pesar de que esta medida está recogida en el anterior Pacto de Toledo que elaboraron y firmaron los agentes sociales, entre los que están UGT y CC OO.
Por otro lado, como decía al principio, la actuación del Ejecutivo también ha sido descortés al llevar el debate de las pensiones a la calle antes que a la Mesa del Pacto de Toledo, es decir, se saltó el consenso. Esto ha metido en un compromiso a los partidos políticos y a los sindicatos porque, aunque las medidas acordadas por el Gobierno para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones hayan armado bastante revuelo entre los ciudadanos, cada vez son más las instituciones que las aplauden. La OCDE - no solo felicitó al Gobierno sino que pidió ir más allá-, el Banco de España, analistas y expertos financieros, etcétera. Ahora la disyuntiva está en si hay que hacer caso a los especialistas en economía y propiciar un pacto que aborde la reforma, o seguir salvaguardando cada cual sus intereses particulares.
Por último, dicha propuesta es bastante incoherente con la realidad social y política de nuestro país porque no parece razonable que se plantee ampliar la edad de jubilación cuando se están permitiendo las prejubilaciones masivas -en algunos casos antes de los 50 años-. También choca esa idea con el hecho de que la edad real de jubilación es a los 63 años, y no a los 65 como marca la Ley.
Está claro que hay que abordar el debate sobre la reforma del sistema de pensiones y que hay que poner en marcha medidas estructurales, pero las posturas radicales nunca dan buenos frutos. La reforma se debe hacer desde el consenso, contando con la participación de expertos y agentes sociales, pero también sería interesante escuchar a las asociaciones de personas mayores. Ellos saben bastante sobre trabajo, jubilación y tienen muy claro cómo rentabilizar la experiencia. Por eso hay que contar con ellos, tal y como les prometió el presidente del Gobierno en el Tercer Congreso Estatal de Personas Mayores, celebrado en mayo de 2009.