El Gobierno central y las regiones acaban de aprobar el reparto de 50 millones para mejorar la accesibilidad de la vivienda en España. Se trata de una nueva subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Ione Belarra, que servirá para que las Administración autonómicas puedan gestionar sus  ayudas a propietarios y comunidades de vecinos. 

El objetivo, según apuntó la ministra, es garantizar la accesibilidad de todos los edificios y cumplir, de paso, con uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Vivienda: ofrecer un hogar digno y adecuado para todos.

Sin embargo, los datos registrados hasta ahora en España no parecen indicar que esa meta ideal se pueda alcanzar a corto plazo. Según un informe de la Fundación Mutua de Propietarios publicado en 2018, solo un 0,6% de las 9,8 millones de viviendas son plenamente accesibles en España. Además, el 63% presenta obstáculos entre la calle y el portal, y la accesibilidad al portero automático es tan solo del 9%. 

Otro apunte nada halagüeño es que una de cada cuatro personas encuestadas en el mencionado informe aseguran tener dificultades para usar la puerta de entrada a su edificio. Asimismo, el 66% de los portales impiden usar los buzones desde una silla de ruedas.

Por otro lado, un 22% de los edificios carecen todavía de ascensor y, de ellos, aunque el 63% cuentan con botones en braille, un escaso 15% integra los avisos acústicos. 

Por último, y en cuanto a los garajes y zonas comunes, existe una accesibilidad del 18% y el 54%, respectivamente. Es decir, el documento concluye que, en materia de accesibilidad de la vivienda, la normativa actual española apenas se cumple.

Estas cifras son todavía más llamativas si nos atenemos a que, a finales de 2017, finalizó el plazo para que las comunidades de propietarios se pusiesen al día con los requisitos de accesibilidad universal recogidos en el Real Decreto-Ley de 2015. ¿Por qué no se están realizando las reformas que exige la normativa? Puede que el desconocimiento de la propia ley y el factor económico estén retrasando su implementación. ¿Es suficiente la inversión que se está haciendo desde las Administraciones públicas? A todas luces, no. 

En base a estos datos, da la impresión de que el país no está lo suficientemente concienciado todavía de la importancia que tiene esta accesibilidad en la vida de sus conciudadanos, cuya ausencia, para más inri, se ceba con la población más vulnerable, como son las personas mayores o con algún tipo de discapacidad.

La vivienda accesible o adaptable no solo es un derecho que, como tal, deberíamos exigir, sino que es la única manera de que las personas puedan alargar su autonomía personal. La accesibilidad universal es esencial para  retrasar, por ejemplo, el ingreso de los mayores en las residencias o para facilitar su atención a domicilio.

Una vivienda mal adaptada también incrementa el aislamiento. De hecho, esta merma está íntimamente ligada con la soledad no deseada, dificultando la sociabilidad de los colectivos con poca movilidad, el contacto con su red vecinal y el acceso a otros servicios sociosanitarios.

La intergeneracionalidad, otro término de actualidad que se intenta potenciar en multitud de ámbitos, como puede ser el mercado laboral –y del que tienen un extenso reportaje en este mismo número–, también es un concepto que se fortalece con la adaptación de viviendas, ya que permite precisamente que distintas generaciones puedan convivir bajo un mismo techo.

Cuando hablamos de accesibilidad siempre alegamos razones prácticas y mesurables, pero detrás de estas adaptaciones arquitectónicas también hay un componente emocional que no podemos infravalorar. Porque ganando autonomía personal, evitando la soledad o impulsando la convivencia entre personas de distintas edades no solo se derrumban barreras físicas, sino que también se construyen lazos sentimentales. Así, hacer accesible la vivienda significa conservar nuestro espacio de confort, el lugar donde residen los nuestros (pareja, padres, hijos, nietos…), donde nos desarrollamos como individuos y donde pasamos los mejores momentos de nuestra vida. 

¿No creen que es injusto que solo los residentes del 0,6% de las viviendas disfruten de este derecho? La accesibilidad no puede ser un privilegio.