Tras más de 250 días con una Administración del Estado en funciones, ya tenemos nuevo Gobierno. Y no se trata de un Gobierno cualquiera, sino de uno de coalición, el primero de la España democrática. De hecho, no se trata de un aspecto baladí porque, a las propias tensiones del momento –bien por el tema territorial en Catalunya o bien por los problemas para cerrar los próximos Presupuestos Generales del Estado–, se suman las desavenencias que puedan surgir en este pacto entre izquierdas: a veces tan unidas, otras tan irreconciliables.  

Precisamente, parte del éxito o fracaso del nuevo Gobierno dependerá de cómo manejen esa unión de fuerzas. Y no solo eso, deberán hacerlo con un cronómetro en la mano, porque esta alianza no deja de ser transitoria y se circunscribe a los próximos cuatro años (en el mejor de los casos). Por lo tanto, el Gobierno de Sánchez no solo debe hacer las cosas bien, también debe hacerlas rápido. Precisamente, y según el DRAE, coalición significa “unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado” y aquí ya solo nos falta por saber cuál será ese “interés determinado” de nuestros nuevos gobernantes.

Por ahora, los primeros gestos no dejan de ser alentadores si los observamos desde el punto de vista del colectivo senior. De hecho, la primera medida tras el primer Consejo de Ministros fue la revalorización del 0,9% de las pensiones públicas, con carácter retroactivo desde del 1 de enero, y que se aplicará en la nómina de este mes. Una acción que ya estaba pactada con anterioridad, pero que Sánchez hizo efectiva tan solo 24 horas después de constituirse el nuevo Ejecutivo, lo cual no deja de ser un mensaje que apela a cuáles pueden ser las prioridades a partir de ahora.

Otro recado es el de la reorganización de los ministerios: se pasa de 16 a 22 carteras –un dispendio criticado desde el sector conservador– y muchas de ellas cambian su nomenclatura. Destaca la división de competencias que se produce en la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que hasta ahora llevaba Magdalena Valerio, y que se reparten el Ministerio de Trabajo, de Yolanda Díaz, y el de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, de José Luis Escrivá. De esta manera, parece que las pensiones ganan espacio y quedan en manos de Escrivá, un economista cuyo mayor reto será cerrar el agujero financiero de la Seguridad Social, con un déficit que supera ya los 18.000 millones de euros.

Otra segmentación se produce en las competencias del antiguo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social –con Carmen Montón al frente, primero, y María Luisa Carcedo, después–, que ahora se convierte en dos ministerios: el de Sanidad (a secas), de Salvador Illa, y el de Derechos Sociales y Agenda 2030, de Pablo Iglesias. A priori, esta fragmentación hace que el sistema de dependencia y otros asuntos  sociosanitarios cobren un mayor protagonismo mediático, más si cabe cuando detrás de esas cuestiones sociales está un político como Iglesias, con una gran exposición en los medios de comunicación y que, además, ostenta la segunda vicepresidencia. Es decir, esta posible mediatización es una oportunidad para que otros problemas que también afectan a las personas mayores –aparte de las pensiones– reciban la atención que merecen. A su vez, esta será un arma de doble filo para los socialistas, que deberán calibrar muy bien lo que prometen sus socios de Podemos, ya que ahora será más difícil disimular lo que ambos se dejen en el tintero.

De momento, Iglesias ya ha dado a entender cuáles serán sus objetivos inmediatos, y el primero de todos hace referencia a la Ley de Dependencia, que habrá que “financiar adecuadamente para que dejen de morir 80 personas al día”. ¿Pasará el Estado a ocuparse por fin del 50% de la financiación como marca la ley o seguirá dejando la mayor carga a las comunidades? Por lo menos, toca equilibrar un poco la balanza.

En sus primeras declaraciones, el nuevo ministro de Derechos Sociales también habló de la necesidad de “garantizar una cartera mínima de servicios sociales en todo el territorio y de elaborar un programa de acreditación de la calidad de las residencias de mayores”. Todas ellas, medidas necesarias que marcan, por ahora, cuáles son las intenciones de este nuevo Ejecutivo de coalición. ¿Podrán cumplirlas? El cronómetro ya está en marcha.