Un nuevo “vigilante” para el cumplimiento de la Ley de Dependencia. Patronales del sector asistencial y organizaciones sindicales anunciaron en febrero que pondrán en marcha el  “Observatorio de la Dependencia”. Otro más, que se suma a organismos similares -como el que desde el año 2007 promueve la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales-, para velar por el cumplimiento efectivo de la normativa que regula el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) y cuantificar en qué situación real se encuentra el sector, sobre todo en lo que a profesionalización se refiere: qué plazas hay disponibles, cuántos empleos se crean o se destruyen, cómo es la cualificación de los profesionales...
Con la creación de este órgano, más allá del papel que pueda tener en el futuro como evaluador de la situación del sector, lo que se intenta es llamar la atención sobre una cuestión de especial relevancia: el desarrollo de la profesionalización de la atención a la dependencia dista mucho de ser lo que se esperaba.
Cuando se aprobó la Ley se hizo una estimación de la creación de puestos de trabajo relacionados con la atención a las personas en situación de dependencia de 300.000 empleos. Más de siete años después, los sindicatos aseguran que apenas se han creado la mitad de los puestos prometidos en el sector sociosanitario. Y, aunque en la actualidad es imposible establecer cifras oficiales de destrucción de empleo en este ámbito -la EPA, por ejemplo, incluye dentro del mismo apartado el empleo del sector sociosanitario y sanitario, lo cual dificulta establecer una cifra real-, lo cierto es que las empresas de la dependencia llevan años alertando de que los recortes de las diferentes administraciones en materia social, así como los retrasos en los pagos a estas empresas derivados de los conciertos y convenios de plazas, están abocando al cierre a centros residenciales, con las consiguientes repercusiones que ello tiene en el empleo.
Es inadmisible que, cuando hay unanimidad en afirmar que la demanda real  de prestaciones de la Ley de Dependencia ha superado con creces a las estimaciones iniciales de la normativa, no se haya producido el mismo fenómeno en cuanto a empleo creado. Es inadmisible porque eso quiere decir que, o bien no se están cumpliendo las ratios de dependientes por cuidador que establece la legislación, o bien hay miles de personas esperando a recibir una prestación que, de hecho, y a tenor de las repetidas quejas de las empresas del sector sobre la existencia de plazas vacías, podrían estar ya recibiendo.
Y no sólo hablamos de plazas vacías en centros sociosanitarios, porque abrir la puerta a la reducción de  intensidades de la ayuda a domicilio (RD 1051/2013) no ayuda precisamente a crear puestos de trabajo, sino que más bien va en la senda de destruirlo. 
Parece mentira que este Gobierno, que -cifras aparte- tan preocupado dice estar por acabar con el desempleo, no se haya enterado aún de que en el sector sociosanitario hay un importante nicho de puestos de trabajo. Y que, si se aprovechara esta circunstancia, si se fomentara la cualificación y la formación en este ámbito, si se incentivara la contratación en este sector,  si en lugar de recortar y retroceder, se invirtiera en materia social, se reducirían dos dramáticas listas:  la de desempleo y la de personas en situación de dependencia que esperan desde hace años para empezar a recibir una atención de calidad que les corresponde por derecho.