Desde que el Consejo de Ministros aprobara, el pasado mes de febrero, el informe del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una normativa que permitirá a las comunidades autónomas gestionar servicios que, hasta ahora, estaban transferidos a los ayuntamientos y las diputaciones (como son el servicio de teleasistencia, la ayuda a domicilio o la gestión de consultorios médicos de algunos ayuntamientos pequeños), las reacciones de algunas formaciones políticas (PSOE, La Izquierda Plural -IU-ICV-CHA-, CiU, PNV y el Grupo Mixto)y de distintas entidades sociales, científicas y económicas (Ceoma, UDP, la SEGG, la FED, CC OO, UGT, Amade, el Consejo General del Trabajo Social y la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales) no se han hecho esperar y han mostrado su total desacuerdo con las propuestas que recoge la futura normativa. 

Así, mientras que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya  Sáenz de Santamaría, defendía que se trata de una reforma de calado, clave para racionalizar el ámbito local, y que busca el equilibrio financiero, los responsables de ejecutar el engranaje que activa el desarrollo de los servicios sociales en nuestro país denunciaban que este anteproyecto de ley cambiará la organización local de España, y pondría en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos, sobre todo en estos momentos en los que la dura crisis golpea con fuerza a los sectores menos  favorecidos.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a través del informe “El valor de la proximidad” ya señalaba que esta reforma supondría un grave atentado para los servicios sociales, ya que reduciría la competencia municipal en materia de intervención social a la valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión. Es decir, dejaría a los servicios sociales como competencia exclusiva de las comunidades autónomas. 

Las consecuencias de esta reforma no terminan ahí y su aprobación echaría por tierra el avance que los servicios sociales han experimentado en los últimos años. Actualmente, tanto los ayuntamientos como las diputaciones atienden a 200.000 personas y dan trabajo a 150.000 y, al menos, el 50% del presupuesto necesario para hacer frente a las prestaciones sociales sale de las arcas de estas instituciones. 

Además, se debería tener en cuenta que en el año 2012 se convocaron más de 250 concursos públicos de ayuda a domicilio, con un importe económico anual de más de 600 millones de euros, lo que genera un  retorno económico para el Estado superior al 40% del gasto en servicios sociales y crea, además, un empleo estable y no deslocalizable. Por ello, el Gobierno debería pararse a pensar en las actuales cifras del paro que, según la Encuesta de Población Activa (EPA) supera los 6.200.000 parados, y dar marcha atrás a una normativa que sólo incrementaría las colas a las puertas de Inem.

También se debe recordar al Gobierno que son los propios ayuntamientos los que están aportando recursos económicos propios para el desarrollo de los servicios sociales y que el papel de los técnicos municipales es clave en el proceso de altas, bajas de personas usuarias, control y seguimiento de los servicios y programas sociocomunitarios, por lo que su eliminación generaría un fuerte caos en el desarrollo, aplicación y gestión, entre otras, de la Ley de Dependencia.

Por último, y otra de las graves consecuencias que traería la reforma local es la eliminación de la proximidad del usuario con la administración. No se debe olvidar que las entidades locales permiten una atención centralizada y personalizada por lo que los esfuerzos de todos estos años por lograr una atención de calidad pasarían al olvido. 

El Gobierno ha de frenar su empeño por reformar la Administración local, al menos tal y como está planteada, que derivará en el comienzo de un largo proceso de pérdida de cientos de servicios que mermarán la asistencia a las personas dependientes, destruirán nuestros derechos sociales y generarán más desempleo.