Han pasado cuatro años desde la aprobación de la Ley de Dependencia, por lo que la evaluación de la normativa por parte del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad era esperada por todos los agentes implicados en el despliegue nacional de la normativa. Según explicaron desde el departamento que dirige Leire Pajín, los datos que se desprenden son buenos, ya que el 80,7% de las personas beneficiarias y encuestadas durante la realización del estudio consideraban “positiva” o “muy positiva” la protección a la dependencia. Además, si atendemos al indicador de gasto por habitante mayor de 80 años, éste se situaba en 2010 en 1.434 euros, es decir, un 65.64% más que en 2009, fecha en la que este mismo gasto no llegaba a los 867 euros.
Estos datos que, en un principio, parecían alentadores tanto para los miles de dependientes como para el sector sociosanitario, -que atraviesa una fuerte crisis que podría derivar en su quiebra por la falta de pago de las administraciones públicas-, se han visto ensombrecidos por el último informe presentado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas): “La atención a la dependencia: aspectos económicos y sociales” que argumenta, en la falta de un sistema de financiación garantizado, la incorrecta aplicación de la Ley de Dependencia, generando, por tanto, una inestabilidad permanente y arrojando dudas sobre la sostenibilidad futura del sistema.
Concretamente, ha sido la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Margarita    León quien ha señalado que las aportaciones del Gobierno central cubrieron sólo el 32% del gasto, incumpliendo así la fórmula de financiación compartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
Margarita León también incide en que, en el contexto actual de reducción del gasto público, la falta de una mayor aportación financiera por parte del Estado ha llevado, en parte, a que todas las comunidades autónomas se hayan inclinado por conceder más prestaciones económicas y menos servicios, pues con las primeras se atiende a “muchas más personas” y es más barato.
Así, nos encontramos con dos posturas contrapuestas. Por un lado, la oficial, ofrecida por el Ministerio de Sanidad, que defiende la correcta y eficiente aplicación de la normativa y, por otro, la de Funcas, que vuelve a echar tierra sobre su desarrollo con argumentos que dejan fuera de juego las tesis del Gobierno y abre la puerta a la revisión y el necesario cambio que todos los agentes sociales proponen y esperan.