En noviembre de 2006 se aprobaba, en el Congreso de los Diputados, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y, el 15 de diciembre, el texto ya se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. Fue un paso histórico y, casi con total seguridad, el avance más decisivo en lo que a protección social se refiere de los últimos años. Pero eso lo sabemos todos.
El objetivo principal de la puesta en marcha de esta norma fue la regulación de las condiciones básicas que garantizasen la igualdad en el ejercicio de ese derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Pero al tratar de alcanzar este objetivo, comenzaron los problemas.
Han pasado ya diez años y seguimos hablando de la aplicación de la ley, seguimos pensando en los errores del pasado, en por qué no termina de cuajar... y, lo que es peor, se siguen buscando culpables que asuman la responsabilidad de lo que está pasando con el Sistema de Atención a la Dependencia. ¿Que qué pasa? Pues ocurre que, aunque el reto inicial era bueno, y las intenciones las mejores del mundo, esta norma se gestó con, por qué no decirlo, ciertas lagunas en cuanto a su previsión.
Era una ley necesaria, en eso coinciden desde sindicatos, empresarios a administraciones públicas, pero también son muchos los que coinciden en que la previsión sobre su financiación fue demasiado optimista, un hecho que se agudizó con la irrupción de la crisis económica en la que ha estado sumida España los últimos años.
La imprescindible coordinación entre comunidades y Estado para poder asumir los costes de la ley ha brillado, en muchos casos, por su ausencia. Algo que ha llevado a muchas regiones a tener que financiar con mayor carga la atención a la dependencia. 
Como resultado del no funcionamiento de la ley, en ese primer momento, comenzaron a aumentar las listas de espera de personas que aún no habían sido valoradas y de otras que, siéndolo, aguardan por recibir su prestación... Es cierto, para hablar con justicia, que estas listas se van reduciendo poco a poco.
Son muchas las voces del sector que reclaman que se replantee el modelo de financiación de la Ley de Dependencia y que se haga en base a las necesidades y demandas reales, y teniendo en cuenta la situación económica actual. Por ahora, eso sí, son solo propuestas.
Hace unos meses, al respecto de este décimo aniversario de la ley, el entonces director general del Imserso, César Antón, aseguraba a este periódico que “en los momentos más complicados de la crisis económica, la ley se ha adaptado y se ha mantenido. Ha resistido. Si hemos sobrevivido a lo peor, creo que la consolidación de la ley está garantizada. Siempre con posibilidades de mejora”. Confiemos en que sus predicciones no fallen.