La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presenta, por cuarto año consecutivo, un detallado análisis de los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a 'Servicios Sociales y Promoción Social' –con datos correspondientes al presupuesto liquidado de 2018 que publica el Ministerio de Hacienda en su portal de servicios telemáticos–.

A partir de esa información, desde la entidad califican a estos consistorios en tres categorías, en función de determinados criterios de su inversión social: excelentes, en donde se encuentran 28 ayuntamientos (tres menos que el año anterior); precarios, que engloba a 34 ayuntamientos (seis menos que el año anterior); y pobres, con 38 consistorios (18 menos que el año anterior).

Tras el análisis realizado por esta asociación se deduce que solo 28 ayuntamientos cumplen los criterios de excelencia, siendo la comunidad autónoma con mayor número de consistorios en esta categoría Andalucía (10), seguida de Catalunya (5), Comunitat Valenciana (3); Castilla y León, Illes Balears y Euskadi (2 cada una); y Aragón, Asturias y la Comunidad de Madrid, con un ayuntamiento con excelencia.

Lo más destacable es que ayuntamientos como Bilbao y Sevilla alcanzan, por primera vez, esta calificación, y que la recupera el de Madrid, que la había perdido el año anterior. En las bajas, destaca el Ayuntamiento de Zaragoza, que por primera vez sale de esta relación.

"En el esfuerzo inversor de los ayuntamientos también contempla las transferencias que reciben de las comunidad autónomas, por lo que, en buena medida, estas también han de sentirse responsables de los resultados obtenidos por los Ayuntamientos de su territorio", señalan desde la asociación.

En el ejercicio 2018, fueron 38 los ayuntamientos que realizaron menor gasto social por habitante (41 en el ejercicio anterior), y que se pueden considerar pobres en servicios sociales. Además, dos de cada tres de estos consistorios también fueron pobres en 2017 (65,8%), 25 de los 38, señalándose en el informe su reincidencia.

Algunos de los ayuntamientos pobres en 2018, lejos de realizar un esfuerzo inversor para salir de la situación, “castigan” a sus vecinos con una inversión aún menor que el año precedente, tal y como alertan desde la asociación.

La Comunidad de Madrid es la que aporta un mayor número de ayuntamiento pobres en servicios sociales, con 13, un tercio del total. Seguida por la Comunitat Valencia, con 6, Andalucía con 5, Extremadura con 4, Castilla-La Mancha con 3, Illes Balears y Murcia con 2 cada una, y Canarias y Cantabria con 1.

Junto a los ayuntamientos considerados pobres hay que añadir aquellos cuyo gasto social en 2018, sin estar por debajo del 60% de la mediana del gasto del conjunto de ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes (42,71 euros) ha sido inferior a 50 euros por habitante y año, a los que el informe califica de precarios en materia de servicios sociales.

Casi un cuarto de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, realiza un gasto precario en un pilar tan básico para la cohesión social y la solidaridad como son los servicios sociales, que "no dejaría de ser un mero dato estadístico sino fuera porque afecta a cuatro millones de ciudadanos que sufren la insensibilidad de sus regidores municipales con una inversión social inferior a 50 euros por habitante y año", recoge el informe.

Como dato positivo, la asociación señala que, en el ejercicio anterior (2017), las inversiones inferiores a 50

euros afectaron a 4,9 millones personas, y un año antes (2016), a 6,7 millones, por lo que "hemos de felicitarnos ya que la precariedad en el gasto social de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes se ha reducido en un 18% en el último año y un 39% en los dos últimos años".

Por último, la asociación se muestra satisfecha "porque solo seis ayuntamientos repiten como precarios, cifra bastante exigua si la comparamos con el año 2017, donde lamentábamos que más del 70% de los ayuntamientos mantenían igual situación de precariedad que en el ejercicio precedente".