La Unión General de Trabajadores (UGT) recordó que durante la legislatura anterior, el Gobierno desmanteló la Ley de Dependencia recortando su presupuesto y limitando el acceso a ayudas, prestaciones y servicios a los beneficiarios. El sindicato denuncia que se ha pasado de un sistema de protección garantista a uno asistencialista que no tiene en cuenta las necesidades de los dependientes y sus familias y, en muchos casos, les abandona a su suerte.

"A lo largo de estos últimos años hemos asistido a un proceso de recortes en la Ley de Dependencia. Se ha pasado de un sistema de derechos, que aún se encontraban en proceso de desarrollo y, por tanto, era susceptible de mejora y participación a un sistema asistencialista que no tiene en cuenta los servicios y prestaciones que reciben los beneficiarios. Es necesario garantizar el derecho a ser atendido en situación de dependencia a través de una respuesta integral e integrada de atención y cuidados básicos a las personas en situación de dependencia y a sus familias", explican desde UGT.

Según el sindicato, es necesario "desarrollar un sistema de acreditación profesional del sector y un sistema de coordinación sociosanitaria, que garantice una atención social y sanitaria sin que suponga un detrimento de derechos universales". Por otro lado, UGT exige que se aplique la ley de dependencia, para que se garantice la atención y cuidados de forma integral, "de tal forma que se asegure la percepción de las prestaciones universales y públicas como un derecho subjetivo".

El sindicato asegura que hay que "garantizar una protección eficaz de las situaciones de dependencia a través del incremento en la intensidad de los servicios, el aumento de la cuantía de las prestaciones al menos en un 20%, retornando a las cuantías establecidas antes de su reducción y establecer la compatibilidad entre determinadas prestaciones de tal forma que se alcance una protección íntegra". Además, añadió que es necesario desarrollar "un sistema de acreditación profesional del sector por medio del cual, las administraciones públicas se comprometan a realizar las respectivas convocatorias para la acreditación de la experiencia laboral de aquellos trabajadores y trabajadoras del sector que en la actualidad no tienen reconocida, garantizándose los puestos de trabajo de aquellos trabajadores que se encuentran en proceso de cualificación".

Por último, pidieron también que se coordine el sistema sociosanitario, que asegure "la participación de los interlocutores sociales en los procesos de concertación y diálogo social".