El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, presentó en agosto, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, el detalle de las Cuentas del organismo para 2016, que alcanzan el 40,06% del total de gasto consolidado del Estado. Se trata de un nivel nunca alcanzado. El conjunto de pensiones (contributivas o no) aumentan respecto al Presupuesto pasado un 2,82%, hasta los 121.233 millones de euros. En concreto, la partida destinada a pensiones contributivas avanza un 2,83% al alcanzar los 118.942 millones. Este crecimiento se explica tanto por el incremento del colectivo de pensionistas, como la mayor cuantía media de las pensiones (entre 2011-2015, la pensión media ha superado en más de seis puntos la variación del IPC), y el efecto de la revalorización. El Presupuesto asegura la actualización de todas las pensiones el 0,25%, apostilló Burgos. “Son unos presupuestos que persiguen el doble objetivo de garantizar la mejor cobertura posible al ciudadano, llegando a más personas con prestaciones de mejor calidad, sin olvidar la pervivencia del Sistema”, señaló el secretario de Estado.
Además de la garantía de la revalorización, las cuentas del próximo ejercicio aseguran por cuarto año que es el Estado el que asume los complementos a mínimos, descargando así a la Seguridad Social de cargas impropias. En concreto, la aportación del Estado asciende a 13.160 millones, que se reparten entre pensiones no contributivas (2.455 millones); prestaciones de protección familiar (1.533); atención a la dependencia (1.373) y la financiación de los complementos a mínimos (7.410 millones).

Viudedad y orfandad
Tomás Burgos aprovechó su intervención para invitar al arco parlamentario a debatir sobre la necesidad de explorar vías de financiación alternativas a las cotizaciones sociales. En concreto, Burgos ha propuesto que las pensiones de viudedad y orfandad dejen de financiarse por la vía contributiva y sí vía impuestos. Y aunque las reacciones han sido dispares ante esta propuesta, todas las fuerzas coinciden en la necesidad de incrementar los ingresos de la Seguridad Social para garantizar el sistema de pensiones español, que se ha visto muy perjudicado por los efectos de la crisis, obligando al Ejecutivo a disponer en tres años de casi el 40% de la “hucha” para afrontar los pagos.