La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, destacó, la semana pasada, la importancia de desarrollar una ley del tercer sector en la Comunitat Valenciana y consideró “prioritario su desarrollo y tramitación con la colaboración imprescindible de las entidades de acción social valencianas”.

Así lo manifestó durante su intervención en la Asamblea General Extraordinaria del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunidad Valenciana, que tuvo lugar en Valencia para abordar las principales cuestiones de la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias. Al acto ha asistido también el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande.

La vicepresidenta segunda repasó algunas de las cuestiones que se van a abordar durante esta legislatura desde el departamento que dirige y mencionó también una ley del voluntariado que, junto a la ley del tercer sector, “reconozca y dé garantías jurídicas a las entidades y permita la integración en las sociedad de las personas más vulnerables”.

Respecto a la gestión del sistema de la dependencia, Camarero señaló que es necesario “mejorar los plazos de reconocimiento y valoración” e indicó que el retraso de los pagos a las personas que ya tenían reconocida la prestación que nos encontramos al llegar al gobierno “ha hecho necesaria una ampliación del crédito de 39 millones de euros para que puedan percibir ya lo que les corresponde”.

Asimismo, la vicepresidenta segunda aseguró que se abordarán otras reivindicaciones históricas de las entidades sociales como la financiación del sector, la accesibilidad, el cuidado de las niñas y las mujeres con discapacidad, la atención temprana o un plan de autonomía del medio rural.

Durante su intervención, Camarero también se ha referido al apoyo recibido del Cermi CV a la decisión del nuevo Consell de utilizar la terminología adecuada para referirse a las personas con discapacidad en la regulación de su estructura orgánica y administrativa, adecuándose así a los mandatos en la materia de Naciones Unidas, la Unión Europea y los derivados de las leyes del Estado y respondiendo “a una demanda del sector asociativo valenciano que venía reclamando el uso de una terminología correcta y respetuosa para referirse a estas personas”.