La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela presentó recientemente ante la Junta General el presupuesto de su departamento para 2018, que asciende a 427.018.418 euros, lo que supone un incremento del 8,9% en relación con 2017. En términos absolutos, la subida es de 35.009.426 euros. 

Este presupuesto "hará posible mantener, e incrementar en muchos casos, las prestaciones y recursos del sistema público de protección social" anuncian desde dicha consejería, "así como apoyar a las personas en situación de dificultad y luchar contra la exclusión". 

En este objetivo se enmarca el compromiso de presentar en el Parlamento, antes de mayo, un proyecto de ley de garantía de derechos y mínimos vitales para garantizar las necesidades básicas de las personas. En el ámbito normativo, también se presentarán las nuevas leyes de servicios sociales y la de acción concertada para regular el concierto social. Algunas de las prioridades comprometidas por el ejecutivo asturiano pasan por las prestaciones para personas dependientes y la creación de plazas o centros de día con el ERA.

Las ayudas para personas dependientes, que tienen carácter ampliable, disponen de 32.280.000 millones. Como novedad, el presupuesto incorpora el restablecimiento de una cuantía mínima garantizada, que posibilitará que todas las personas con dependencia reconocida perciban una cantidad básica, independientemente de su capacidad económica. Actualmente, 11.000 personas son beneficiarias de este tipo de prestación y se prevé que alrededor de 900 más puedan acceder a ellas y otras 900 vean crecer el importe de las suyas.

Más 15,4 millones financiarán los servicios de ayuda a domicilio y teleAsistencia para dependientes, que se presta a través de una encomienda de gestión con los ayuntamientos, un 15,79% más que en 2017, lo que permitirá atender a unos 5.500 usuarios en 2018.

A 31 de octubre, Asturias contaba con 23.958 personas dependientes, de las que 21.101 tenían una prestación reconocida, lo que supone el 88%, superior a la media nacional, del 74,5%. La inversión en dependencia en 2016 alcanzó los 177,8 millones, de los que 25 (el 14%) contaron con financiación estatal y el 86% restante, autonómica (Principado y usuarios). 

El presupuesto del organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) asciende a 128.226.925 euros, lo que supone una subida del 4,6%. En el capítulo de inversiones, está previsto iniciar las obras de la residencia de Lugones, licitar el proyecto y dirección de obra de la de Cangas del Narcea, equipar el nuevo Centro Polivalente de Recursos (CPR) del Naranco y dos plantas del de Riaño, y acabar la remodelación de la cocina de La Mixta. Además, se contratará una aplicación informática para la gestión del organismo. 

Se crearán 290 nuevas plazas residenciales: 150 concertadas con empresas privadas y 140 en centros públicos: 100 en el CPR del Naranco (Oviedo) y 40 en el CPR de Riaño. En centros de día está prevista la ampliación de 54 puestos: 28 en el CPR Naranco (Oviedo), 13 en Palacio de Villar (Castrillón) y 13 en El Mirador en Tineo. Todo ello implicará la creación de 88 nuevos empleos públicos.

Como novedad, el ERA abrirá en los primeros meses del año en la residencia Mixta de Gijón la primera unidad de convalecencia de Asturias, impulsada por los departamentos de Sanidad y Servicios Sociales en el marco de la política de coordinación sociosanitaria y con capacidad para 24 personas.

El área de ordenación y planificación contará con 300.000 euros. Destaca el trabajo realizado para la presentación de las nuevas leyes de garantía de derechos y mínimos vitales, de Servicios Sociales de Acción Concertada, ésta última, encargada de regular el concierto con las entidades sociales. Asimismo, se ultimará la Estrategia de Envejecimiento Activo para su presentación a principios de 2018. 

También se impulsará el protocolo de buen trato a personas mayores, elaborado en el marco de la coordinación sociosanitaria, y se avanzará en la elaboración de la historia social única electrónica, similar a la historia clínica pero centrada en el ámbito de los servicios sociales.