El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, entregó, ayer, a las Cortes Generales, el Informe Anual 2017, que incluye un análisis de las consecuencias de la crisis económica en la aplicación de los derechos sociales.

En 2017, la institución tramitó 25.776 expedientes, entre quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40). Además, dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y dos advertencias. En total se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.

En su opinión, “la crisis ha originado un enorme coste social y nos ha separado de la senda convergente con la Unión Europea sostenida desde los inicios de la democracia”. Las quejas que llegan a la institución muestran que, a pesar de que la recesión puede darse por finalizada, la recuperación no está llegando por igual a los bolsillos de los españoles y son muchos los ciudadanos que necesitan que el Estado les apoye. “Ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales”, aseguró Fernández Marugán.

Se recibieron quejas por las dificultades para acceder a una plaza residencial adecuada a las necesidades de los usuarios. También llegaron quejas de residentes y de familiares que denunciaban escasez de personal y medios para ofrecer una atención adecuada a personas mayores con un grado de dependencia cada día más elevado. En este contexto, el Defensor inició en 2017 una actuación de oficio con todas las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para examinar las características y dotación de las residencias de mayores.

A la institución le inquieta especialmente la situación de estas personas y considera que la edad de la población y la aplicación de la Ley de Dependencia convierten a los servicios de atención residencial en un elemento fundamental en la atención a estas personas. Por este motivo, quiere detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades.

La crisis económica y las medidas adoptadas frente a la grave situación financiera y presupuestaria de las Administraciones públicas también han dificultado la implantación de la Ley de Dependencia. Para el Defensor del Pueblo es necesario mejorar el sistema de financiación actual y garantizar la incorporación de las personas en espera. Igualmente, hay que lograr la recuperación y sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y que los esfuerzos financieros de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas sean equivalentes.

El análisis de Fernández Marugán constata que la progresiva superación de los efectos más graves de la crisis económica no ha supuesto una mejora de la situación financiera del sistema de Seguridad Social. A pesar del notable ritmo de crecimiento económico de los últimos tres años y a la vigorosa creación de empleo y recuperación del número de cotizantes, el desequilibrio de las cuentas del sistema se ha ido agrandando hasta situarse en 18.800 millones de euros en 2017.

La magnitud del desequilibrio en los años venideros, aunque menor, sigue siendo preocupante y exige la adopción de medidas ya que parece difícil que a corto plazo el reequilibrio pueda lograrse simplemente a través de la recuperación de los empleos perdidos  durante los años más duros de la crisis y de una progresiva mejora de las condiciones salariales.

El Defensor del Pueblo considera preciso garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica de los actuales pensionistas y de los futuros, pero cualquier reforma del sistema, y en especial de su financiación, ha de llevarse a cabo en el marco del Pacto de Toledo con el mayor nivel de consenso posible.

En el ámbito sanitario, los ciudadanos se quejaron de la carencia de servicios o especialidades, la falta de medios personales y materiales y los problemas en edificios e infraestructuras. El año pasado la Institución se interesó por las listas de espera para la realización de pruebas, consultas externas e intervenciones quirúrgicas.

El copago sanitario centró también el trabajo del Defensor del Pueblo, que recomendó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.

Así, el Defensor del Pueblo destacó que la mejora de las políticas sociales “incidiría en la renta y en el consumo de colectivos que todavía no alcanzan a cubrir con dignidad sus necesidades básicas” y puso como ejemplo “a los jubilados, a las personas dependientes, a los parados de larga duración, a las familias con todos sus miembros en paro, a los jóvenes sin trabajo y sin derecho a prestación por desempleo y a los trabajadores pobres”.

En opinión de Fernández Marugán, "las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis han originado un pozo de desigualdad sin precedentes y han dañado al entramado institucional y a la cohesión social". Por ello, a la institución le preocupa especialmente que el mantenimiento de dichas políticas aumente la pobreza más severa y enquiste la desigualdad.