Recientemente, en su comparecencia ante la Comisión de Servicios Sociales y a la Ciudadanía del Parlamento de La Rioja, la consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, informó sobre las actuaciones desarrolladas ante la crisis sanitaria de la Covid-19, destacando la necesidad de apostar por lo público y de reformular el modelo residencial. Según la consejera, “la dependencia no puede ser un negocio tal y como ha ocurrido los últimos 24 años”.

A lo largo de la comparecencia, Santos se refirió a la incidencia de la pandemia provocada por la Covid-19 en las residencias de personas mayores. “Se ha cebado de la forma más cruel con uno de los colectivos más vulnerables”, un calificativo, según explicó, que “no es gratuito, porque la media de edad de las personas que ingresan en una residencia es superior a los 85 años, y son personas, además, en unas condiciones de dependencia, fragilidad y vulnerabilidad muy altas”. En este sentido, la titular de Servicios Sociales y a la Ciudadanía recordó que “la riojana es una de las sociedades más envejecidas de España, ya que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), por cada cien menores de 16 años hay 136 mayores de 65, trece puntos por encima de la media nacional”.

Asimismo, la consejera comparó la Covid-19 con un “huracán que se ha llevado todo por delante y que ha dejado en evidencia la fragilidad de un modelo residencial obsoleto y construido durante las dos últimas décadas en La Rioja”. Por esta razón, la lección que Santos extrae de esta “experiencia terrible y desgarradora es la necesidad de apostar por lo público, porque la dependencia no puede entenderse como un negocio, que es precisamente lo que ha ocurrido los últimos 24 años en La Rioja”.

Pese a todo, y comparando la situación de la comunidad con el resto de regiones limítrofes, “vemos que las decisiones, protocolos y actuaciones del Gobierno de La Rioja han funcionado mejor, ya que el porcentaje de fallecidos en La Rioja que vivía en una residencia de personas mayores (56%) es menor que el 66% de la media nacional y de comunidades limítrofes como Aragón, Navarra, Cantabria”, detalló la consejera.

Por otra parte, a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 le seguirá otra crisis social “que afectará de forma diferente según la posición de partida”. En este sentido, Santos señaló el informe Foessa de noviembre de 2019, que ya alertaba de la existencia de 47.000 riojanos “en una situación límite, riojanos y riojanas cuya suerte dependería de la aceleración o desaceleración económica, personas que se encuentran en grave riesgo porque para salvar vidas se ha tenido que parar el país”.

Para aliviar la situación de estos colectivos, la consejería ha diseñado una docena de proyectos que se financian con los 4,5 millones de euros del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Fondo Social Extraordinario. Así, parte de esta financiación se destinará a combatir la pobreza infantil con la habilitación de una ayuda extraordinaria para los beneficiarios de esta renta con hijos a cargo de 492.000 euros.

Otros 850.000 euros se reservan para ayudas económicas de emergencia social, destinadas a las familias en situación de grave vulnerabilidad agravada por la Covid-19. “Ayudas que irán destinadas a cubrir necesidades tan básicas como la alimentación o el alquiler de la vivienda y que se financiarán al cien por cien a las entidades locales”, adelantó la titular de Servicios Sociales.

En relación a las entidades locales, la consejera anunció que se van a suscribir nuevos convenios con ayuntamientos y mancomunidades para el personal, por un importe que supera los dos millones de euros, con financiación del gasto al 85%, lo que representa un 23,4% más que en 2019.

Asimismo, también se van a firmar convenios para la realización de programas e inversiones en materia de servicios sociales de primer nivel por un importe de más de nueve millones de euros, casi un 12% más que en 2019.

En lo relativo a la Dirección General de Justicia e Interior, la consejera afirmó que “desde el principio, se ha garantizado que la prestación del servicio de la Administración de Justicia pudiera realizarse en las mejores condiciones, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva y la salud laboral de los empleados públicos”.

Así, desde esta Dirección General, se han dictado cinco resoluciones desde el 15 de marzo hasta el 12 de mayo, donde se recogen los servicios esenciales, así como el personal necesario. De hecho, en estos momentos, un 31% del personal funcionario presta sus servicios de forma presencial, “para ello, hemos establecido un sistema pionero de cita previa, tanto para los profesionales como para el público, para el acceso a las sedes judiciales”. En la segunda fase está prevista la incorporación del 66% del personal y el 100% en la tercera fase.

Respecto al SOS Rioja, Santos relató que la situación de este centro de emergencias es estable. A lo largo del mes de marzo se recibieron 37.362 llamadas, un 27% más que el mismo mes de 2019. “A lo largo del mes de abril, se recibieron 26.846 llamadas, un número similar, o incluso algo inferior, a las recibidas antes de la crisis provocada por la Covid-19”, aseguró Santos

Por último, la consejera destacó la coordinación de Protección Civil, “que ha demostrado que el Gobierno de La Rioja cuenta con una estrategia de protección civil clara y una forma coordinada de trabajar”.