La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, acompañada de la directora general de Políticas Sociales e Inmigración, Reyes Henríquez, mantuvo una reunión con representantes de las entidades sociales del Tercer Sector, Red Anagos, EAPN-Canarias, Red Canaria de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social y la Asociación de Empresas de Inserción Social de Canarias (Adeican).

En el encuentro, Valido explicó las nuevas líneas de actuación y el refuerzo a las ya existentes en el marco de la acción social, gracias a la incorporación de 21 millones de euros al presupuesto de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que asciende a más de 700 millones de euros, para para paliar los efectos de la pobreza en Canarias. Durante el mismo, la consejera de Políticas Sociales solicitó la colaboración de estas entidades del tercer sector para que “se conviertan en protagonistas y lleven a cabo acciones que lleguen a la ciudadanía en vulnerabilidad social y riesgo de exclusión con la financiación adecuada por parte del Gobierno”.

Por su partw, Red Angos, EAPN-Canarias y Adeican se comprometieron a colaborar en las líneas de trabajo propuestas por el Gobierno, tanto las que se refieren al fortalecimiento de las acciones ya existentes como de las nuevas que se llevarán a cabo, ya que según Valido “es necesario renovar e innovar en materia de atención social para acompañar a aquellas personas que por distintos motivos se ven avocadas al riesgo de exclusión”.

El Gobierno, en cambio, reforzará la financiación a los ayuntamientos para la contratación de personal que acompañe a las familias en vulnerabilidad social tanto a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas como mediante los créditos para la gestión de la Prestación Canaria de Inserción en la vertiente de lo que se refiere a los programas de inclusión sociolaboral. En este sentido, Valido explicó a los representantes de las tres entidades sociales que “se incorporará un programa específico de acompañamiento para aquellas personas que, una vez han agotado la prestación canaria de inserción y sus renovaciones, sigan sin ingresos y no hayan logrado la inserción real y otra línea de refuerzo al coste de los servicios que prestan los ayuntamientos a las personas sin hogar y aquellas personas que viven en la calle porque son reticentes a acudir a los recursos de atención social municipal”.

Asimismo, la consejera de Políticas Sociales solicitó la colaboración y el apoyo para la protección de dos colectivos en especial fragilidad como son “los menores y las personas mayores”. Cabe señalar que se aumentará la financiación a los municipios para los programas de prevención a los menores en riesgo con mayor incidencia “a la hora de tener en cuenta la intervención en aquellas familias con todos sus miembros en paro; mujeres con hijos a su cargo sin apoyo económico y familias con hijos con problemas de consumo de drogodependencias”. Por lo que respecta a las personas mayores se pondrá en marcha un programa de atención a los mayores que se han quedado solos y sin recursos en las zonas rurales.