El Consell aprobó las bases reguladoras de las ayudas que posibilitan que pensionistas y personas con diversidad funcional dejen de abonar copagos farmacéuticos desde el 1 de enero, según informó la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra.


Las medidas, aprobadas a propuesta de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, hacen posible que 910.000 pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con rentas inferiores a los 18.000 euros dejen de pagar por los medicamentos recetados por el personal facultativo del sistema público de salud. 


Además, también son beneficiarias de estas ayudas unas 136.000 personas con diversidad funcional que presentan una discapacidad reconocida del 65% o más, en el caso de mayores de edad, y del 33% o más en el caso de los menores. En este caso, además de medicamentos, estas personas también podrán acceder sin pago suplementario a las ortoprótesis que necesiten, sujetas a financiación pública. 


Los decretos aprobados por el Consell están destinados a combatir las situaciones de desigualdad derivadas de la introducción de los copagos en el año 2012, una medida que perjudica a los colectivos más vulnerables, tal y como recordó la vicepresidenta, que destacó que se busca así paliar la "injusticia" cometida por el Gobierno estatal y que supuso "hacer elegir entre medicarse o comer", con todas las "dudas constitucionales y de carácter humanitario" que esta disyuntiva comportaba. 


Oltra recordó que, según los datos de la Conselleria de Sanitat, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, 403.334 pensionistas de los que se beneficiarán de la medida no iniciaron, o abandonaron, alguno de los tratamientos prescritos por su médico de la red pública. 


Además, el Barómetro Sanitario 2014 del Ministerio de Sanidad muestra que un 7,9% de personas en la Comunitat manifiestan haber dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública en los últimos 12 meses por no habérselo podido permitir por motivos económicos. Es la tasa más alta de toda España. 


En el caso de personas con diversidad funcional, 43.300 no iniciaron o abandonaron un tratamiento recetado por un médico de la red pública. Además, un 24% de las personas a las que se prescribió material ortoprotésico no lo adquirieron, poniendo en riesgo su salud, así como su recuperación funcional o su proceso de rehabilitación. 


Las ayudas a las que hacen mención los nuevos decretos están contempladas en los presupuestos de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de dos líneas presupuestarias. La destinada a pensionistas, está dotada de 35 millones de euros, y la destinada a la compensación de los gastos de personas con diversidad funcionar asciende a 6,6 millones de euros. 


Todas las ayudas las gestionará directamente la Generalitat valenciana con los establecimientos de ortopedia y farmacia a través del acuerdo alcanzado con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Asociación Valenciana de Empresarios de Ortopedia.


Las farmacias o los establecimientos de ortopedia identificarán con sus equipos informáticos a partir de la información facilitada por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a los beneficiarios con la simple lectura de la receta. De esta forma, las personas beneficiarias de las ayudas no tendrán que realizar ningún trámite. Simplemente, ya no tendrán que abonar el copago, la aportación suplementaria que se introdujo en el año 2012 para adquirir los medicamentos en los colectivos afectados. 


Los beneficiarios también podrán consultar en los centros de salud, además de en las farmacias u ortopedias, si cumplen las condiciones para acogerse a la medida y dejar de esta forma de pagar por los fármacos. Desde el 1 de enero, también se informará a los beneficiarios en las propias recetas. 


También en el ámbito sanitario, el Consell autorizó el expediente por enriquecimiento injusto a favor de la UTE Ribera Salud II, una decisión que hará posible el pago de obligaciones por importe de 12,3 millones de euros contraídas durante los ejercicios que abarcan de 2008 a 2012 por actividades y procesos asistenciales registrados en las aplicaciones Compas y Abucasis. Mònica Oltra subrayó que la medida pone de manifiesto que el modelo impulsado por el anterior Gobierno es "un modelo a revisar", propio de "una gestión completamente irresponsable del dinero público". 



Creación de la Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials


Por otro lado, el pleno del Consell aprobó el decreto para la creación de la Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials, que tendrá carácter permanente y decisorio y se encargará de realizar un diagnóstico de las necesidades globales en el ámbito de las políticas sociales, de igualdad, servicios sociales, atención sociosanitaria, educativas y de justicia. 


Asimismo, este órgano, que da cumplimiento al primer eje del Acord del Botànic, deberá priorizar las políticas sociales de la Administración de la Generalitat y de su sector público, definir los programas de actuación y establecer los criterios básicos de coordinación. Además, llevará a cabo el seguimiento, evaluación y control de resultados de los programas de acción social iniciados.