El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, el proyecto de ley para reformar dos normas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. De esta forma, se inicia la tramitación parlamentaria de esta reforma, que tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados. Este texto normativo ha sido impulsado desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y ha sido presentado por el ministro Pablo Bustinduy, quien ha calificado esta reforma como “un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad” tanto para las personas en situación de dependencia como para las que tienen una discapacidad, y que “promoverá el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal”.

El ministro Bustinduy ha destacado también que este proyecto de ley va a ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad. Por otro lado, el ministro, ha subrayado que esta reforma va a revertir “dos recortes importantes” de la década anterior:

-El nuevo texto va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona.

-El proyecto eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

“Estamos transformando el Sistema de la Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro, con más prestaciones y servicios, nuevos derechos reconocidos, menos burocracia y más tecnología al servicio del bienestar de las personas”, ha dicho Bustinduy en relación a este proyecto de ley.

El ministro ha declarado, además, que esta reforma legislativa “es necesaria” para actuar ante el reto demográfico al que se enfrenta nuestro país, cuando el número de personas mayores se multiplique en los próximos años y aumente, así, el número de personas en situación de dependencia. Bustinduy también ha comentado que el proyecto reforzará el nuevo modelo de cuidados en el que trabaja Derechos Sociales con los gobiernos autonómicos en base a la Estrategia estatal aprobada en 2024 para ofrecer cuidados de proximidad (en el hogar o entornos comunitarios) a las personas que requieren de prestaciones por dependencia y a las que tienen una discapacidad.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, repartir 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En este año 2025, este nivel acordado de financiación supondrá una inversión de más de 783 millones de euros  por parte del Gobierno de España. Esta cantidad es, por tercer año consecutivo, la más alta que ha tenido este nivel de protección en su historia y será transferida a los gobiernos autonómicos a través de los convenios firmados entre Derechos Sociales y cada uno de ellos. Con esta partida se complementará la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes que hay en cada territorio.

“Nuestra vocación es continuar la senda de crecimiento de la financiación, que se ha triplicado desde el 2014 y para ello vamos a continuar nuestro trabajo tanto en el Consejo Territorial como en el seno del Ejecutivo hasta cumplir con lo recogido en el Acuerdo de Gobierno y llegar al 50% de la financiación en cada autonomía”, ha señalado el ministro.

MÁS SERVICIOS EN EL CATÁLOGO Y MÁS PRESTACIONES

Esta reforma legislativa incluye nuevos servicios en el catálogo:

-Cuidados y apoyos en viviendas compartidas y también nuevos modelos de convivencia colaborativa.

-Se servirán, mediante préstamo o cesión temporal, productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz.

-Se ofrecerán servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.

Asimismo, otra novedad incorporada en el proceso de escucha a la sociedad ha sido el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas. Esta medida aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida. Supone un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan.

También se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.

El nuevo texto de este proyecto de ley introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una prestación transitoria o un servicio transitorio que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado. Por ejemplo, si una persona pide acceder a un centro residencial que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio. De esta manera, recibirá una prestación transitoria hasta que obtenga plaza en su centro residencial de referencia, en lugar de tener que acudir a otro centro que esté más lejos de su casa y donde la persona tiene menos conexiones sociales, como ocurre actualmente.

AYUDA EN EL DOMICILIO Y TELEASISTENCIA

Esta reforma legislativa incluye una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal que tenga la persona usuaria. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario como ir al médico o a hacer la compra. Siguiendo esta línea, la reforma también incluye la asistencia personal como un servicio más del Sistema. De esta manera se ayuda a desplegar y desarrollar este servicio con el que las personas dependientes reciben el apoyo de un profesional que los ayuda a desenvolverse en su día a día para mantener su proyecto vital y participar activamente en su comunidad.

Este proyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, garantizando su acceso con independencia del territorio en el que residan. Además, se eleva a rango de ley el carácter complementario de la teleasistencia, estableciendo que no puede ser considerada como única prestación, sino que debe combinarse con otros apoyos. También se amplía su ámbito de aplicación más allá del domicilio, permitiendo a personas que viven en residencias recibir este servicio.

Otra novedad que incluye el texto es la consideración de los centros de día como un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio. Esto supondrá que estos centros se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones. Lo harán atendiendo en sus propios domicilios o en espacios de su entorno a aquellas personas usuarias que vivan cerca y lo requieran. Los centros de días también servirán de referencia para personas que no son sus usuarias pero que pueden encontrar en ellos otro tipo de servicios.

El objetivo es que todos los centros de día se integren en su comunidad y se adapten a las necesidades, preferencias y ritmos de vida de las personas que los utilizan. De esta manera la mayor parte de personas de la comunidad podrán acceder a actividades que promuevan su autonomía, su bienestar emocional y su participación social. Esto, señala Derechos Sociales, es especialmente relevante en zonas rurales o con baja densidad de recursos, y supone un nuevo enfoque que convertirá a estos centros en referentes comunitarios de apoyo y relación con el entorno.

NUEVOS DERECHOS

El proyecto de ley incluye nuevos derechos para las personas en situación de dependencia. Por ejemplo, se contempla que la persona usuaria tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que tenga garantizado su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.

Otro derecho importante que recoge esta reforma es el de garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias. Se establecerán las bases para que los gobiernos autonómicos implementen procedimientos de coordinación entre sus servicios sanitarios y sociales. De esta manera, se ofrecerá una atención integral que combine ambas áreas y se podrá evitar lo ocurrido durante la pandemia del Covid-19 en algunas residencias de personas mayores.

Otra de las novedades que incorpora el proyecto de ley después del proceso de escucha ha sido la incorporación de un artículo específico sobre la calidad en los empleos de los cuidados. Derechos Sociales subraya en la ley que para ofrecer una atención de calidad, continuada y segura, las trabajadoras deben tener condiciones laborales dignas, estables y profesionalizadas. El artículo establece que será a través del diálogo con los gobiernos autonómicos en el Consejo Territorial donde se establecerán los criterios de acreditación de calidad y estándares del empleo, como el número adecuado de profesionales según perfil de usuarios, su cualificación y formación continua.

Esta medida se relaciona con el Reto Trabajadoras del SAAD promovido por Derechos Sociales, una iniciativa que subraya la necesidad de valorizar el trabajo de las profesionales de la Dependencia. El Ministerio calcula que para 2030 el Sistema de la Dependencia necesitará, al menos, 260.000 trabajadoras más para asegurar su sostenibilidad.

La reforma de las leyes también contiene medidas destinada a agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad. Una de las más importantes es el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. Como novedad, en la segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad.