Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en más de tres millones de hogares españoles (el 16,4% del total) vivía alguna persona dependiente en 2016. En el 14,4% de estos hogares dicha persona recibía cuidados a domicilio.
Estas son algunos de los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que incorpora cada año un módulo, armonizado a nivel europeo, para profundizar en distintos aspectos de la vida de los hogares. La edición de 2016, realizada durante la primavera del año pasado, incluyó un Módulo sobre Acceso a los Servicios.
Por nivel de renta, entre los hogares con personas dependientes un 23,2% de los hogares con mayor nivel de renta dispuso de servicios de cuidado a domicilio, frente al 9,1% en los hogares con menor nivel de renta.
El 36,6% de los hogares con personas dependientes y que reciben cuidados a domicilio los pagó con “dificultad” o “mucha dificultad”. Por su parte, un 21,0% dispuso de este servicio de forma gratuita.
Tres de cada 10 hogares con personas dependientes que necesitaban recibir cuidados a domicilio (el 30,8%) no tuvieron cubierta esta necesidad. La principal razón fue que no pudieron permitírselo.
Acceso a los servicios sanitarios
El 90,2% de los hogares utilizó servicios sanitarios en los 12 últimos meses. De estos, uno de cada tres no pagó por ellos, mientras que uno de cada diez los abonó con “dificultad” o “mucha dificultad”.
Los hogares con los ingresos más bajos presentaron más dificultades a la hora de hacer frente a los pagos de los servicios sanitarios (el 19,7% los abonó con “dificultad” o “mucha dificultad”).
Este módulo consiste en un conjunto limitado de preguntas que miden distintos aspectos del acceso a los servicios de los hogares como los servicios relacionados con el cuidado de los niños o el cuidado de personas mayores. Asimismo permite conocer el acceso a la educación o a los servicios sanitarios.
Réplica de UGT
La encuesta vuelve a constatar, según la Unión General de Trabajadores (UGT), "las consecuencias de las políticas de recorte impuestas por el Gobierno del PP en los últimos años y que ha ocasionado un deterioro generalizado en todos los servicios sociales. A pesar del crecimiento económico, el Ejecutivo sigue obviando las necesidades sociales, un ejemplo claro es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el ámbito de la Dependencia. Pese a que hay muchas más personas que necesitan ayuda, más allá de las que reconoce la propia Ley de Dependencia, el Gobierno ha endurecido y recortado esta norma, lo que ha provocado que incluso se siga sin cubrir las necesidades de los dependientes reconocidos".
Desde UGT aseguran que los servicios sociales "no pueden ser un ente aislado, sino que deben estar integrados en las diferentes áreas y trabajar coordinadamente en la resolución de problemas, con técnicos de diferentes perfiles y especialidad". En el sindicato creen que esa coordinación "es la mejor manera de atajar los problemas y las desigualdades en su origen. Éstos deben contemplarse como un derecho subjetivo, de carácter universal, con garantía de equidad, eficiencia, suficiencia y condiciones básicas de acceso a las prestaciones y servicios, respondiendo así a las necesidades de la población y contribuyendo a una mayor cohesión social y territorial".
Por este motivo y "ante la dispersión de normativa existente en materia de servicios sociales y teniendo en cuenta la configuración de nuestro Estado de Autonomías", desde UGT reivindicaron "la creación de una ley reguladora específica de los servicios sociales, que configuren el papel del Estado de bienestar, estableciendo el contenido mínimo de los mismos y respetando las competencias autonómicas".