Miles de trabajadores que fueron despedidos antes de 2013, en mitad de la crisis económica y financiera que ha asolado nuestro país en la última década tienen cobertura de esta cláusula de salvaguarda para acceder a la jubilación.

Se trata de una garantía jurídica que permitía el mantenimiento de las condiciones de jubilación previas a la reforma para quienes habían sido despedidos antes de su entrada en vigor, cuando no volvían a encontrar trabajo.

De esta forma se garantizaba, para quien lo precisara, y no en los casos en que aplicar la reforma de 2011 resultara más beneficioso, que ninguna persona viera disminuida su expectativa de pensión cuando ya no tenía posibilidad alguna de reacción, después de su despido.

La prórroga aprobada esta semana en el Consejo de Ministros es fruto de la demanda sindical, pero supone, señalan los sindicatos, "una iniciativa parcial". "CC OO y UGT hemos pedido al Gobierno que dé una solución definitiva al problema, que genera inseguridad hasta que se aprueba la prórroga. Por tanto, es necesario derogar de forma expresa las limitaciones temporales que sobre dicha cláusula impuso el Gobierno del Partido Popular en 2013", expresan en un comunicado.

Los sindicatos han insistido al Ministerio de Seguridad Social que "es necesario recuperar la situación de consenso alcanzado con la reforma de pensiones de 2011, que establecía un plazo indefinido para garantizar la cobertura a todas las personas afectadas sin tener que someterlas a la incertidumbre que generan las prórrogas anuales".