La vocalía de Enfermería Geriátrica del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona (COIB) pide cambiar el modelo de atención a las personas mayores que viven en residencias y que se cubran tanto sus necesidades sociales como las sanitarias.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19 ha hecho aflorar graves carencias en la atención sanitaria en los centros geriátricos. La mayoría de residencias no dispone del número adecuado de enfermeras, incluso hay muchas que no tienen la presencia de una enfermera de manera permanente. Muchos de estos centros tampoco tienen suficiente material sanitario para poder atender la agudización de las enfermedades crónicas que padecen muchas de las personas mayores que viven.

La pandemia ha tenido repercusiones especialmente negativas en las residencias geriátricas de nuestro país. El número de personas afectadas en este entorno ha sido muy elevado. Las enfermeras que trabajan han tenido que soportar una presión muy grande. Muchas incluso han decidido quedarse en los centros durante las 24 horas del día para poder atender a las personas residentes y evitar contagiar a sus familiares.

Estas últimas semanas se ha visto cómo las residencias que tienen más enfermeras y que se orientan a la atención integral de la salud de las personas han afrontado mejor la crisis. El COIB considera que la atención social en los centros geriátricos debe ir ligada a la atención sanitaria, especialmente en un contexto en el que aumenta el envejecimiento de la población y la prevalencia de las enfermedades crónicas y también se globalizan enfermedades infecciosas, como estamos viendo actualmente.

La vocal de Enfermería Geriátrica del COIB, Ester López Luna, destaca que “lo que se ha vivido en las residencias es un reflejo de la falta crónica de recursos que sufre el sector y el resultado de mantener un modelo que no ha sido capaz de adaptarse a las nuevas necesidades de la población”.

López Luna también destaca que las enfermeras que trabajan en estos centros tienen un nivel de formación y de experiencia muy elevado, que no se corresponde con sus condiciones laborales, que son peores que las de otros entornos asistenciales. En este sentido, la vocal de Enfermería Geriátrica del COIB pide que se mejoren los horarios y los sueldos que se ofrecen a las enfermeras que trabajan en las residencias.

Por otro lado, la Plataforma de defensa de los derechos de las personas con dependencia, a la que pertenece el COIB y otras muchas entidades, considera que los efectos de los recortes en el sistema de dependencia desde 2012 han tenido consecuencias devastadoras, pero no lo explican todo. “La crisis es más profunda, es la crisis de un modelo que ha puesto el negocio y el beneficio del sector privado por encima de los derechos de las personas a una vida digna”, explican en un comunicado. Un modelo basado en la precariedad de las condiciones de trabajo, “que no posibilita el derecho a un envejecimiento activo ni la inclusión de las personas con diversidad funcional en igualdad de oportunidades y fomentando su autonomía personal”, puntualiza.

Es por ello que exigen responsabilidad política por los recortes que provocaron el hundimiento del sistema de dependencia, así como por el abandono de las administraciones públicas de su papel, dejando todo en manos del sector privado “sin ningún control: en Catalunya, más del 90% de las residencias o bien son de titularidad privada o bien están gestionadas por el sector privado”.

Asimismo, se pide que se entienda que las residencias son el último recurso, y que se debe hacer todo lo posible en todos los niveles para permitir una atención de calidad, aumentando las ratios y dignificando las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Del lado de los usuarios, se pide un nuevo modelo “enfocado en la gestión prioritaria del sector público, que ponga la vida de las personas en el centro y asegure el derecho a un acceso igualitario al sistema sanitario, de educación, de dependencia y que tenga en cuenta todas las realidades”.

Es por ello que se pide el fomento de un nuevo modelo de vida, “basado en los principios de la solidaridad y el respeto hacia las personas y que promueva la conciliación familia-trabajo igualitaria entre géneros y enfocada a atender y acompañar a las personas a cargo, sean niños o adultos en situación de dependencia, como una de las maneras de combatir la soledad no deseada”. En esta línea, también se cree en la priorización de “modelos alternativos a las residencias para la atención a la dependencia con recursos públicos, tales como la asistencia domiciliaria profesional, las alternativas comunitarias y las viviendas compartidas y asistidos”.

En relación a las cuidadoras no profesionales, se pide la suspensión de 18 meses para percibir la prestación económica, y que se considere la atención a la dependencia en todas las edades como derecho subjetivo universal con financiación pública a través de un nuevo modelo progresivo de fiscalidad justa.

Por último, solicitan la creación del Consejo General de la Dependencia con la participación de todos los sectores afectados, administraciones, sindicatos, patronal, colegios profesionales, entidades sociales y entidades representativas de las personas mayores y de personas con dependencia y diversidad funcional; una ley catalana para la autonomía personal que tenga en cuenta toda la ciudadanía en situación de dependencia y la creación de una mesa de diálogo social sobre un nuevo modelo de atención a la dependencia.