Respuesta.- El balance de esta última legislatura es eminentemente positivo. En relación a la dependencia, en términos comparativos, la diferencia entre el trabajo realizado en esta legislatura y la anterior no resiste comparación. En la anterior legislatura (2011-15), se incorporaron 1.200 prestaciones a lo largo de los cuatro años. Hoy, estamos en 11.000 prestaciones más incorporadas al sistema. En tres años y medio hemos duplicado el número de prestaciones.

Además, se ha reducido el tiempo de tramitación. Si en el año 2015 una solicitud necesitaba más de 500 días para ser resuelta con prestación efectiva, hoy necesitamos menos de los 180 días que la ley establece para la tramitación. También se ha ampliado en más de 400 plazas residenciales la Red Pública de Atención a la Dependencia al tiempo que estamos construyendo por un total de 594 plazas de residencia y más de 160 plazas de centros de día. Se ha puesto en marcha la prestación del servicio de teleasistencia; multiplicado por diez el número de horas de ayuda a domicilio y transferido la gestión de 1.000 plazas residenciales a los consells insulares.

También estamos desarrollando un ambicioso paquete de servicios de promoción de la autonomía que incorpora la atención desde la edad más temprana –se ha pasado de 62.000 horas concertadas de atención temprana a 115.000 en tres años–, regular la promoción de la autonomía hasta los 12 años, asistencia personal para sordociegos, promoción de la autonomía a partir del estudio y asesoramiento sobre apoyos tecnológicos y técnicos, acompañamiento de personas con discapacidad, para  personas mayores...

Todo esto lo hemos podido hacer bajo criterios de prioridad de servicio público –directo o concertado–, integrado en la red de servicios sociales y atendiendo, al tiempo, a las necesidades de cambio normativo.

R.- Es difícil destacar una por encima de las otras. Quizá la puesta en marcha de los servicios sociales de salud mental, por su novedad e importancia. La reforma de la tramitación en la discapacidad es un cambio de calado y a medio plazo que supondrá grandes mejoras. Es un reto ilusionante, por la dificultad y por las mejoras que acarrea.

R.- Nuestra comunidad tiene grandes diferencias con la estructura del resto de comunidades. Actualmente, la competencia en tercera edad y su movimiento asociativo depende de los consells insulares.

Sin embargo, podemos decir que a la hora de consensuar políticas sociales sí tenemos en cuenta la opinión del movimiento asociativo en el seno de un órgano de participación llamado Consejo de Servicios Sociales que se reúne cada trimestre.

R.- Bueno, estos números tan buenos se han podido conseguir, en primer lugar, porque la atención a las personas es una prioridad de este Gobierno, y concretamente, la reactivación de la dependencia. Y en cuanto a las medidas que se han tomado, es difícil enumerar el conjunto de ellas, ya que han sido muchas y de diferente nivel. Destacaría la reordenación de los efectivos de personal, la coordinación entre los diferentes servicios, el mantenimiento de las plantillas, las instrucciones y prioridades y sobre todo incorporar más servicios a la Red Pública al poder disponer desde principios de legislatura de un instrumento normativo –decreto de conciertos– que ha agilizado la tramitación.

R.- A mi juicio, podemos distinguir tres momentos: inicio (2007-2010), estancamiento y retroceso (2011-2015) y reinicio (2015-). Por tanto, entiendo que estamos en un segundo momento tras una crisis económica que produce estancamiento, y en algunos lugares, retrocesos. El momento actual es clave, ya que debe orientar el crecimiento bajo el signo de una cierta estandarización y la adaptación a la realidad de cada comunidad. Creo que es el momento de modificar el desarrollo reglamentario (los decretos) y recuperar el nivel de financiación que se eliminó en los años 2012 y 2013.

En cuanto a las expectativas, haría dos consideraciones. Respecto a la legitimidad de la ley. Los primeros años estaban marcados por un fuerte enfrentamiento entre algunos gobiernos conservadores contrarios a la ley y el Ministerio y resto de comunidades de gestión progresista. Hoy, la ley es un referente. Nadie se plantea un escenario sin Ley de Dependencia y apenas existe cuestionamiento. Nadie se plantea que el problema del cuidado de los dependientes pase a ser un problema individual y que la mujer deje el mundo del trabajo para atenderlos. Podemos hablar de que la ley es necesaria y está socialmente legitimada.

En cuanto a la cobertura de necesidades, quizá no estamos en el nivel óptimo, estable y ajustado en cuanto al volumen de servicios que debe haber en cada territorio. El ajuste del binomio necesidad-recurso es algo a mejorar, sobre todo en aquellas comunidades como la nuestra, en que el desarrollo de los servicios para dependientes partía de un déficit histórico y no existe apenas oferta privada de servicios. 

Fruto de ese desajuste, hay expectativas no cubiertas. Aunque si comparamos, hoy en Baleares se atiende un número de personas dependientes casi 20 veces superior al anterior a la puesta en marcha de la ley.

El cambio del sistema de información nos debe permitir agilizar la tramitación mucho más de lo que ya se ha conseguido al tiempo de tener un sistema de información integrado para personas con dependencia y con discapacidad. Esperamos tener consolidado este cambio a finales de año. 

Por otro lado, a principios de año esperamos poder tener estandarizados los servicios de promoción de la autonomía en toda su extensión. A medio plazo, esperamos tener ese equilibrio entre las necesidades y los recursos disponibles. Para ello, tenemos un ambicioso plan de inversiones, tanto en servicios para personas con discapacidad como para personas mayores.