Las principales organizaciones representativas del sector de la atención a la dependencia y los cuidados de larga duración en España, Aeste, Asade, CEAPs, FED y Lares, celebran el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros por el que el Gobierno se compromete a elevar la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) hasta alcanzar los 7.200 millones de euros en 2027, frente a los 3.691 millones consignados en 2025.

Las entidades consideran que este compromiso supone una noticia positiva para las personas en situación de dependencia, sus familias y los profesionales que prestan los servicios de cuidados, así como una muestra del creciente reconocimiento institucional de la importancia estratégica que tiene este sector para el presente y el futuro de nuestro país.

Las patronales destacan que el anuncio permite recuperar la senda de incremento de la financiación estatal impulsada entre 2021 y 2023, consolidando un esfuerzo presupuestario que resulta imprescindible para responder a los desafíos demográficos y sociales que afronta España.

A su juicio, el refuerzo de la aportación estatal constituye un paso relevante para fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y avanzar hacia un modelo más robusto, sostenible y capaz de responder a las necesidades crecientes de atención y cuidados de larga duración.

Las organizaciones muestran su confianza en que el incremento de recursos comprometido por el Gobierno se materialice plenamente y llegue de forma efectiva a los servicios profesionales de atención y cuidados, permitiendo reforzar la calidad asistencial, mejorar la atención a las personas y seguir avanzando en la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras del sector.

En este sentido, consideran fundamental que el aumento de financiación tenga un impacto directo en los servicios, en las personas atendidas y en los profesionales que los prestan, contribuyendo a fortalecer la capacidad del sistema para responder a las necesidades actuales y futuras.

Asimismo, subrayan la importancia de que estos nuevos recursos supongan un incremento neto de la financiación destinada a la dependencia y los cuidados, evitando que puedan verse compensados por reducciones en las aportaciones realizadas por otras administraciones u organismos públicos.

Así, las patronales hacen un llamamiento a las comunidades autónomas para que el refuerzo presupuestario anunciado se traduzca en medidas concretas que permitan consolidar la red de atención y asegurar la viabilidad de un sector que constituye uno de los principales pilares del Estado del bienestar y uno de los mayores generadores de empleo del ámbito social.

UNA INVERSIÓN ESTRATÉGICA PARA EL FUTURO DEL PAÍS

Las entidades recuerdan que la atención a la dependencia constituye una política pública esencial para garantizar la autonomía, la calidad de vida y la dignidad de millones de personas, al tiempo que genera empleo estable, actividad económica y cohesión social en todo el territorio.

Por ello, consideran que el incremento de la financiación destinada a los cuidados es una de las mejores inversiones que puede realizar un país, tanto por su impacto social como por su capacidad para fortalecer el Estado del bienestar y dar respuesta a uno de los grandes retos de las próximas décadas.

De cualquier forma, recuerdan que los desafíos asociados al envejecimiento de la población, el aumento de la dependencia y la creciente demanda de cuidados exigirán mantener e intensificar este esfuerzo inversor durante los próximos años. En este sentido, consideran necesario aumentar la inversión del PIB en cuidados de larga duración, en línea con el resto de países europeos, para garantizar la sostenibilidad, calidad y capacidad de respuesta del sistema a largo plazo.

Finalmente, Aeste, Asade, CEAPs, FED y Lares confían en que este compromiso no constituya un punto de llegada, sino un paso más dentro de una estrategia sostenida de fortalecimiento del sistema, y consideran necesario mantener el esfuerzo inversor más allá de 2027 para afrontar adecuadamente las necesidades ya existentes y las que surgirán en los próximos años.

Subrayan, además, que el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia requerirá seguir avanzando en una colaboración público-privada sólida y estable, mostrando su disposición para la elaboración de un Pacto Nacional por el cuidado de las personas en situación de dependencia.

La magnitud del reto demográfico y asistencial exige aprovechar plenamente la experiencia, capacidad y recursos de todos los agentes implicados garantizando un marco de cooperación que permita ampliar coberturas, mejorar la calidad de los servicios y dar respuesta a las necesidades crecientes de las personas.