El Consejo de Ministros aprobó, el mes pasado, los proyectos de las nuevas leyes del Voluntariado y del Tercer Sector de Acción Social tras recibir los informes correspondientes de distintos ministerios, comunidades autónomas y órganos consultivos. Estos han propiciado una mejora técnica de las redacciones manteniendo la filosofía y los objetivos ya recogidos en los anteproyectos: adaptar las dimensiones del voluntariado y de las entidades que conforman el Tercer Sector a la realidad actual y modernizar su funcionamiento, así como la interlocución con las administraciones públicas. Después del visto bueno del Consejo de Ministros, los proyectos se trasladarán ahora a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. 

España es el sexto país de la Unión Europea (UE) en participación de voluntarios, habida cuenta del incremento que la implicación social de los ciudadanos ha experimentado durante los últimos años, aumento mayor al registrado por la media europea. España cuenta con alrededor de seis millones de voluntarios, un 15% de la población, y con unas 30.000 entidades sociales, cuya actividad representa casi un 2% del PIB y da empleo a prácticamente 636.000 personas. 

Ambas leyes, por otra parte, suponen un paso más en la consolidación de la Agenda Social, toda vez que fortalece el trabajo de quienes dispensan programas de apoyo y asistencia a las personas y familias en mayor riesgo de exclusión social. “Sale reforzado el papel del Tercer Sector en el diseño y ejecución de las políticas públicas en el campo de los servicios sociales y se protegen los derechos y deberes de los voluntarios al definirse el ámbito conceptual, su radio de actuación y la conexión con la administración”, explican desde el Consejo de Ministros. Asimismo, se abre el campo a la participación de universidades y empresas.

El proyecto de Ley del Voluntariado delimita con mayor claridad los márgenes competenciales de las administraciones públicas, y así, se concreta el concepto de programas de voluntariado de competencia estatal, que son aquellos que se desarrollan en más de una comunidad autónoma o fuera del territorio español. 

Asimismo, la Ley, fruto de su adaptación a la realidad actual, establece los ámbitos de las actuaciones voluntarias: social, internacional de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, de ocio y tiempo libre, comunitario y de protección civil, que es el que se derivaría de una emergencia o catástrofe natural, por citar dos ejemplos. Se añade el voluntariado paralímpico dentro de la categoría “deportiva” y el de la protección de animales dentro de la “ambiental”.

La acción del Tercer Sector es esencial en la activación de programas de apoyo y asistencia a familias y personas en situación de mayor vulnerabilidad, y es un complemento de primer orden a la acción de la administración. El compromiso del Gobierno para la inclusión de ciudadanos y familias que peor lo están pasando alcanza también a la dotación de las mayores garantías al trabajo de las organizaciones sociales.

Una de las mejoras principales del proyecto consiste en la clarificación del ratio competencial de la Ley, por lo que se distribuyen con nitidez las competencias entre la administración general del Estado y las comunidades. Asimismo, se refuerza la consideración de que el papel de las entidades que integran el Tercer Sector no puede, en ningún caso, diluir la responsabilidad de la administración general del Estado.