La práctica totalidad de las comunidades autónomas solicitaron al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, que aplace o modifique la Disposición Transitoria Segunda de Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que establece que las regiones asuman la titularidad de las competencias que vienen ejerciendo las entidades locales en servicios sociales, promoción e inserción social, y que dicha Ley considera impropias.

Compartiendo la preocupación de las comunidades y de numerosas entidades, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales remitió también una carta al Ministerio de Sanidad donde se solicita que, teniendo en cuenta la premura de acordar esa modificación, se aplique la misma vía que se ha utilizado ya en dos ocasiones para modificar el calendario de aplicación de una Ley, en este caso, la Ley 39/2006 de Atención a la Dependencia. De esta manera se modificó el calendario del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Igualmente sucedió con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que modificó los apartados 1 y 3 de la disposición final primera, retrasando el calendario para atender a personas con Grado I hasta el 1 de julio de 2015.

Según la asociación, “lo más preocupante es que de aplicarse el calendario previsto, la prohibición de que las entidades locales sigan prestando numerosos servicios sociales y la imposibilidad de las comunidades de asumirlos, aboca a unos recortes que pueden superar los 3.000 millones de euros en estas políticas sociales tan necesarias actualmente, y que se sumarían a los más de 5.000 millones que ya han recortado las Administraciones Públicas en esta materia en los últimos tres años”.

En la carta al ministro, la asociación menciona la anomalía jurídica que va a suponer el conflicto entre una norma estatal y las normas aprobadas por diversas comunidades –algunas incluso del propio Partido Popular como la Comunidad de Madrid, Castilla y León o Galicia– y con rango de Ley autonómica o Decreto, en las que considerando imposible asumir la gestión de los servicios sociales locales en la fecha prevista. Las regiones establecen condiciones para que continúen prestándose en el ámbito local.

Según la Asociación de Directoreas y Gerentes  de Servicios Sociales,  presidida por José Manuel Ramírez, los servicios sociales más amenazados por esta reforma son los de atención a la dependencia y los de promoción social (que a partir de ahora dejarían de considerarse competencias propias de los municipios), y que suponen 2.348,5 millones de euros anuales, más el gasto que realizan los municipios con menos de 20.000 habitantes (unos 993,4 millones de euros). En total, 3.342 millones de euros anuales.

Otros datos que la asociación aportó anteriormente para poner de manifiesto el alcance que la reforma de la Administración Local puede tener en los servicios sociales, explican, son  que “entre ellos pueden estar afectados los siguientes servicios: 562 residencias de personas mayores de titularidad local, con más de 30.000 plazas; el servicio de ayuda a domicilio de los ayuntamientos que atienden a unos 650.000 beneficiarios; y a los más de 60.000 empleos en servicios que la reforma considera ‘impropios’ de los municipios y que deberían dejar de prestar” de forma inmediata.