Desde Lares, como entidad representativa del tercer sector en la atención a personas mayores y en situación de dependencia, valoran positivamente la aprobación por parte del Consejo de Ministros del procedimiento para establecer coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada en actividades de especial penosidad o peligrosidad, como el sector de la dependencia.

“Nuestra postura, mantenida desde hace años, es clara: el personal gerocultor debe poder jubilarse antes, con el 100% de su correspondiente prestación, debido a las especiales cargas musculoesqueléticas y exigencias físicas que conlleva su trabajo, especialmente en los últimos años de vida laboral”, señalan en un comunicado.

Desde Lares entienden que las principales resistencias a esta medida no proceden del propio sector, sino “de la estructura económica de la Seguridad Social, que se ve momentáneamente desequilibrada cuando se incluye un nuevo colectivo profesional en el régimen de jubilación anticipada. Sin embargo, con el tiempo, la mayor cotización asociada a este régimen compensa el coste inicial. En este sentido, aceptaríamos la sobrecotización, tanto para las empresas como para las personas trabajadoras, siempre que se aplique con criterios de equidad respecto a otras profesiones que ya disfrutan de este régimen de jubilación”.

Uno de los problemas actuales del sector, señalan desde la entidad, es el elevado número de bajas por incapacidad temporal entre gerocultores de edad avanzada. “Adelantar la edad de jubilación contribuiría previsiblemente a reducir esta situación, mejorando así la salud laboral del personal y la calidad de la atención prestada”, exponen.

Desde la organización declaran que son conscientes de que “esta medida también podría acentuar a corto plazo la escasez de profesionales en el sector. Pero este es un desafío que debe ser abordado juntamente con las Administraciones públicas, desde una perspectiva estructural, estratégica y comprometida con la calidad del sistema de atención a las personas mayores y dependientes”.

En definitiva, concluye el comunicado, “si queremos avanzar hacia una sociedad que garantice los derechos fundamentales de todas las personas, no podemos dejar estas decisiones al mero arbitrio del mercado. El bienestar de quienes cuidan a los demás debe ser una prioridad política y social”.