Laparra inaugura una obra de Jabier Landa en los apartamentos tutelados de la calle Leyre

En su intervención, el vicepresidente Laparra recordó el compromiso del Departamento de Derechos Sociales con el acceso a una vivienda digna por parte de todas las familias navarras, elogiando especialmente aquellas actuaciones que además van dirigidas a personas de la tercera edad o a personas discapacitadas.
Los apartamentos tutelados están destinados a mayores de 60 años y personas con discapacidad motriz grave, o discapacidad igual o superior al 65%. Al igual que el resto de viviendas destinadas al arrendamiento social se adjudican a través de la inscripción en el censo de personas solicitantes de vivienda protegida, y se destinan a personas con unos ingresos mínimos de 3.000 euros e ingresos máximos de 4,5 veces el IPREM. Además, los inquilinos, en función de su nivel de ingresos, pueden recibir subvenciones del 75, el 50 o el 25% de la renta, porcentaje que se eleva hasta el 90% si la personas es víctima de violencia de género o VAIS.
La empresa Gestión Asistencial, que forma parte del grupo Proginsa, gestiona 235 viviendas de protección oficial en forma de apartamentos tutelados, correspondientes a cuatro promociones sitas en Pamplona y Ansoáin. Sus inquilinos percibieron del Departamento de Derechos Sociales durante 2016 un total de 303.458,23 en forma de subvenciones para el pago de la renta de alquiler.
El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Nasuvinsa, tiene previsto promover 524 viviendas protegidas en arrendamiento, comenzando las obras de varias promociones este próximo otoño. Entre esas las distintas viviendas, está previsto una promoción de 48 apartamentos tutelados en Pamplona, en un edificio que se va a construir en madera y con criterios de consumo casi nulo, destinado a convertirse en una referencia de la construcción con criterios de sostenibilidad.
Permanencia en el entorno
Tal y como comentó el vicepresidente Laparra durante la visita, los apartamentos tutelados son una excelente alternativa de alojamiento a los establecimientos residenciales de personas mayores, que evitan su institucionalización y desarraigo, “en un intento de que estas personas lleven una vida lo más normalizada e independiente posible. Se trata, en definitiva, de proporcionar al mayor un hogar, que se sientan, en la medida de lo posible, como en su propio domicilio”.
En este sentido, el vicepresidente de Derechos Sociales recordó que entre las líneas de trabajo prioritarias del Departamento de Derechos Sociales se encuentra fomentar la permanencia de las personas en su entorno habitual y proporcionar servicios de proximidad flexibles y que tengan en cuenta las preferencias de las personas.
“Se trata de adaptar los recursos a las necesidades y no al revés, de apostar por un servicio que alargue el periodo de vida autónoma e independiente en un alojamiento adecuado y adaptado, en un entorno seguro y amable en el que la calidad de vida no se deteriore”, declaró Laparra.