En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado la implementación urgente y muy necesaria de derechos, acciones y medidas políticas e institucionales, tanto a nivel estatal como autonómico y local, que garanticen el derecho a una vivienda y cuidados dignos y adecuados para las personas con discapacidad mayores.

De esta manera, la PMP se ha sumado a las reivindicaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), destacando que la vivienda es un bien social básico y esencial para la vida independiente de las personas con discapacidad mayores. En este sentido, ha manifestado que “la vivienda no solo proporciona un lugar seguro y estable, sino que también es el punto de partida para la participación comunitaria y la inclusión social”. Sin una vivienda adecuada, las personas con discapacidad mayores enfrentan barreras significativas que limitan su capacidad para vivir de manera autónoma y participar plenamente en la sociedad.

Según datos del INE, en España en 2023 había 304.094 personas mayores de 65 años con alguna discapacidad. Para este grupo de población, la situación del parque de viviendas es muy preocupante. Según datos recopilados por el Cermi, casi el 70% de los hogares españoles no reúne condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad y personas mayores. Además, el costo de la vivienda sigue siendo una barrera importante, ya que muchas personas con discapacidad y sus familias enfrentan dificultades económicas que les impiden acceder a viviendas asequibles.

Por estos motivos, la PMP se ha adherido al manifiesto del Cermi con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y ha recalcado que son necesarias, entre otras acciones urgentes, la reforma de la legislación vigente, empezando por la Ley de Propiedad Horizontal para hacer obligatorias las obras de accesibilidad; así como la incorporación de la accesibilidad en todos los planes públicos de rehabilitación y adecuación de viviendas.

Asimismo, la plataforma también ha subrayado la importancia de fomentar la colaboración entre entidades públicas y privadas para desarrollar políticas de vivienda que promuevan la inclusión social. Ello implica regular fórmulas habitacionales innovadoras, como las viviendas colaborativas, y desplegar estrategias de desinstitucionalización que permitan a las personas con discapacidad mayores vivir de manera independiente en la comunidad.

En este sentido, la PMP ha reivindicado la necesidad de que instituciones públicas, partidos políticos y los diferentes agentes sociales hagan frente común y sean más proactivos en el abordaje de estas medidas en favor de la población más vulnerable, sobre todo, teniendo en cuenta la tendencia de cambios sociales que se vienen produciendo a nivel internacional y que propugnan un retroceso y recorte de derechos fundamentales.

Por último, la entidad también ha aprovechado la conmemoración de esta efeméride para recordar que todavía quedan pendientes asuntos capitales en la agenda política que requieren de una pronta resolución para garantizar los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad mayores. Entre ellos se encuentran la futura ley para el acceso y disfrute de los servicios sociales; la modificación de la legislación de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; y la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud.