Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y todas sus organizaciones asociadas, se han sumado al lema de ONU Mujeres, ‘Derechos, justicia y acción para TODAS las mujeres y niñas’, el cual remarca que la igualdad real solo será posible si atraviesa todo el ciclo vital y alcanza plenamente a las mujeres mayores, un colectivo que sigue cargando con las consecuencias de la discriminación acumulada durante décadas.

En primer lugar, la PMP ha señalado que, según los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2024, en España las mujeres mayores de 65 años perciben una pensión media un 29,2% inferior a la de los hombres, una brecha superior a la media de la Unión Europea (24,5%). Es más, si se atiende a la pensión mediana, que refleja mejor la situación de la mayoría de las personas pensionistas, la brecha se eleva hasta el 41,1%, una de las más altas del entorno europeo.

“La brecha de género en las pensiones no es un dato aislado: es la consecuencia final de toda una vida de desigualdades en el empleo, en los salarios y en el reparto de los cuidados”, ha subrayado la PMP, que recuerda que las discriminaciones no desaparecen con la jubilación, sino que se consolidan y se traducen en mayor vulnerabilidad económica en la vejez.

En esta línea, Sabina Camacho, vocal de la PMP, ha recordado que “el 8 de marzo nos recuerda que la igualdad es un derecho que no caduca por cumplir años. Las mujeres mayores no somos invisibles ni parte del pasado, somos el presente y exigimos ser reconocidas y respetadas. Hoy alzamos la voz para reclamar pensiones dignas y visibilidad: una mujer cuando envejece no se apaga, suma experiencia, sabiduría y liderazgo”.

CUIDADOS, SALUD Y DESIGUALDADES ACUMULADAS

Por otro lado, la Plataforma también ha recordado que, durante décadas, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (imprescindible para sostener la vida y el funcionamiento de la economía) ha recaído de manera desproporcionada sobre las mujeres, sin reconocimiento económico ni derechos asociados. Generaciones de mujeres que sostuvieron hogares, cuidaron de hijas, hijos y personas mayores, y compatibilizaron en muchos casos empleo remunerado con cargas familiares sin apoyos suficientes, llegan hoy a la jubilación con pensiones más bajas y menos derechos económicos, a pesar de haber sido el soporte silencioso del bienestar colectivo.

En el ámbito concreto del Alzheimer y otras demencias, la Fundación Pasqual Maragall, entidad adherida a la PMP, recuerda que, según la OMS, la demencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres, tanto directamente como indirectamente: el 65% de las personas que mueren con Alzheimer y otras formas de demencia en el mundo son mujeres y son también ellas quienes proporcionan el 70% de las horas de cuidados que reciben las personas que viven con demencia. En España, ocho de cada diez familias asumen la atención directa constante que requiere la persona diagnosticada de Alzheimer y el perfil de cuidadora familiar sigue siendo mayoritariamente femenino: hijas e hijos (60,7%), pero sobre todo mujeres (76,6%) con una edad media de 57 años, más del 90% de las cuales ve afectada su salud física, mental y/o social.

“En el caso de las mujeres, además de experimentar las consecuencias que las tareas de cuidado tienen sobre su salud física y mental, también hay que tener en cuenta la brecha de género existente, que se manifiesta en mayores penalizaciones económicas por cuidar: ellas renuncian o reducen en mayor proporción que los hombres su jornada laboral, viendo afectada su cotización en el sistema de pensiones, entre otras implicaciones”, subraya la entidad.

En este sentido, la PMP ha recalcado que el sistema de pensiones reproduce buena parte de esa desigualdad acumulada. La investigación académica reciente advierte de que el actual complemento por brecha de género, aunque supone un avance, presenta límites significativos: no corrige plenamente las desventajas estructurales ni compensa de forma suficiente las trayectorias laborales fragmentadas y las interrupciones por cuidados que han asumido las mujeres. “Las soluciones parciales no bastan frente a desigualdades estructurales”, ha insistido la Plataforma; añadiendo que “la igualdad no puede tener fecha de caducidad. Mientras una mujer mayor siga cobrando una pensión claramente inferior solo por haber cuidado más, haber dejado antes su empleo o haber trabajado con contratos precarios, nuestra democracia tendrá una deuda pendiente de justicia de género y de justicia intergeneracional”.

Por otra parte, la Plataforma considera necesario tener en cuenta que las mujeres mayores con discapacidad envejecen con características diferenciadoras, tanto desde el punto de vista biológico como en relación con su contexto social y cultural. La convergencia de edad, género y discapacidad genera situaciones específicas de mayor vulnerabilidad que deben ser abordadas desde las políticas públicas, incorporando de manera efectiva la accesibilidad universal, los apoyos personales y una atención sanitaria y de cuidados adaptada a sus necesidades.

VIOLENCIA, BRECHA DIGITAL Y MUNDO RURAL

Igualmente, la PMP y sus entidades asociadas también alertan de que la violencia de género, la brecha digital y la desigualdad en el medio rural se expresan de manera específica y muchas veces invisible en la vida de las mujeres mayores.

Según datos recogidos por HelpAge International España, en los últimos años se ha producido un aumento del 2% en los casos de violencia de género que afectan a mujeres mayores, con un predominio de violencias denominadas de “baja intensidad” (formas de control, aislamiento o desvalorización) que permanecen con frecuencia invisibles pese a su profundo impacto en la salud, la autonomía y la calidad de vida de las víctimas.

Desde 2020, el 16% de los feminicidios corresponde a mujeres mayores de 60 años; en 2025 fueron asesinadas 8 mujeres mayores y en 2026 ya se han registrado 2 casos, con agresores mayoritariamente también mayores de 60 años. La entidad denuncia, además, que la falta de datos homogéneos dificulta una correcta interpretación del fenómeno y limita el diseño de respuestas públicas eficaces, y reclama mejorar la recogida de información, impulsar políticas específicas y garantizar recursos accesibles y adaptados a sus necesidades: “la violencia de género no desaparece con la edad; lo que desaparece es la mirada social e institucional hacia quienes la sufren”.

A estas violencias se suma la brecha digital, que limita el acceso a derechos y servicios básicos. Como señala Manuela Carrión, vicepresidenta de la PMP, “las personas mayores, y específicamente las mujeres mayores, nos sentimos con frecuencia bloqueadas e impotentes en una sociedad digitalizada que parece ignorar que la accesibilidad y la usabilidad son condiciones necesarias y básicas para ejercer cualquier derecho humano”.

La situación es aún más acusada en el medio rural. Tal y como subraya Carmen Quintanilla, presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Mundo Rural de la PMP, “no hay igualdad real si olvidamos a quienes nos abrieron camino. Las mujeres mayores rurales no son el pasado de nuestra sociedad, son la memoria, el presente activo y el liderazgo silencioso que sostiene el futuro con dignidad, experiencia y derechos”.

PRINCIPALES DEMANDAS

Desde una perspectiva intergeneracional y de justicia social, y en línea con las recomendaciones del Instituto de las Mujeres, la PMP ha planteado un paquete de medidas para abordar la brecha de género en las pensiones y las desigualdades que la originan, integrando siempre la perspectiva de edad:

• Reconocimiento efectivo del trabajo de cuidados no remunerado a lo largo de toda la vida, garantizando que se traduzca en derechos contributivos reales y en pensiones dignas, de manera que cuidar no suponga empobrecerse en la vejez.

• Reforma estructural del sistema de pensiones con perspectiva de género, que impida que las interrupciones de carrera por razones familiares penalicen de por vida a las mujeres y que corrija las desigualdades acumuladas en salarios, cotizaciones y acceso a prestaciones.

• Revisión y mejora del complemento por brecha de género, de forma que cumpla verdaderamente una función compensatoria y llegue especialmente a quienes arrastran trayectorias laborales más fragmentadas o precarias.

• Medidas específicas dirigidas a las actuales pensionistas para revertir los efectos acumulados de discriminaciones laborales y sociales: incrementos selectivos, complementos focalizados y políticas de apoyo a la autonomía económica de las mujeres mayores con menores ingresos.

• Integración conjunta de las políticas de igualdad y de envejecimiento, evitando que las mujeres mayores queden fuera de la agenda feminista y de las estrategias públicas. La igualdad de género debe contemplar expresamente la dimensión del ciclo vital.

• Impulso de un sistema público de cuidados sólido, universal y corresponsable, que garantice derechos a quienes necesitan cuidados y a quienes los prestan, y que impida que las futuras generaciones de mujeres vuelvan a pagar con pensiones más bajas el coste de cuidar.

En definitiva, la PMP exige que el lema ‘Derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas’ no sea solo una consigna, sino una hoja de ruta efectiva que actúe desde la infancia hasta la vejez, incorporando de forma explícita a las mujeres mayores en todas las políticas de igualdad, de protección social y de cuidados.

“La justicia debe reparar desigualdades acumuladas durante toda una vida. Las mujeres mayores no son el pasado: son memoria, son presente y son garantía de un futuro más justo para todas”, concluye la Plataforma, que hace un llamamiento a los poderes públicos, a los agentes sociales y al movimiento feminista para situar, de una vez por todas, a las mujeres mayores en el centro de la agenda de igualdad.