Pregunta.- Acaban de presentar el Plan Andaluz de Prevención de la Dependencia y la Promoción de la Autonomía Personal. A grandes rasgos, ¿qué destaca de este documento? ¿Qué servicios específicos ofrecerá este plan?
Respuesta.- En primer lugar, quisiera destacar el importante papel que desempeñan las personas mayores en el desarrollo de Andalucía y en apoyo a las familias. Por eso, la Junta de Andalucía apuesta por unas políticas destinadas a las personas mayores desde una perspectiva intergeneracional, participativa, activa y de enriquecimiento de la sociedad en general, constituyendo un activo social y económico imprescindible.
El I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia certifica el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de la calidad de vida de la población andaluza. El plan tiene como objetivo prevenir la dependencia y promover la autonomía personal. Se trata de ayudar a disminuir situaciones de dependencia en personas que todavía no se encuentran en estas situaciones, así como de promover la autonomía personal y prevenir el agravamiento de la dependencia en personas que ya están en esa situación.
Por eso tenemos que tener en cuenta que este es un plan que presta atención, tanto a las acciones de promoción de la autonomía personal, como a las de prevención de la dependencia: sin duda, en una acción combinada de las dos y la adaptación a las características de cada persona, se encuentre o no en situación de dependencia, encontraremos el éxito y la finalidad del plan.
Se pretende, por ejemplo, que las personas reconocidas en situación de dependencia moderada, en Grado I de dependencia, desarrollen y mantengan las capacidades personales, mediante actuaciones de habilitación y terapia ocupacional, de atención temprana, estimulación cognitiva, promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional, habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual, y apoyos personales.
El servicio de promoción de la autonomía personal se va a potenciar a través de actividades grupales y va a ser una prestación sin coste para la persona beneficiaria.

P.- Según informaron recientemente, prevén una importante inversión que alcanza los 1.765 millones de euros para el periodo 2016-2020, ¿cómo se repartirá este montante entre los colectivos a los que se dirige?
R.- Para la ejecución del plan se prevé una inversión anual de alrededor 353 millones de euros lo que hace un total de 1.765 millones en cinco años.
Para llevar a cabo el plan se establecerán programas de trabajo bienales (2017-18 y 2019-20), que contendrán las actuaciones a desarrollar por cada uno de los organismos y centros junto con sus créditos e indicadores de evaluación. Este plan es fruto de un trabajo intenso y de una profunda reflexión que ha contado con una amplísima participación de más de 130 profesionales y personas expertas, provenientes de más de 40 organizaciones distintas, abarcando diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía, ayuntamientos, agentes sociales y económicos, del tercer sector y universidades andaluzas.
También ha sido crucial la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. En el plan, de carácter horizontal, han participado las siguientes Consejerías: Igualdad y Políticas Sociales, Salud, Educación, Empleo, Empresa y Comercio, y Fomento y Vivienda.

P.- Destaca, como novedad importante, la incorporación de la teleasistencia avanzada, ¿qué ventajas presenta esta modalidad frente a la teleasistencia tradicional?
R.- La teleasistencia avanzada será uno de los servicios principales del Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia aprobado recientemente. Entre sus principales novedades se encuentra que, además del dispositivo fijo que funciona en el interior del domicilio, se incorporarán dispositivos móviles y de localización para que la persona pueda beneficiarse de sus prestaciones también fuera del hogar. Además de los móviles, se incorporará el servicio de detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos capaces de detectar o prevenir las mismas dentro del hogar (detectores de humos, caídas...).
Con respecto a la teleasistencia avanzada, hemos reclamado al Gobierno central que reconozca este servicio puesto en marcha por la Junta de Andalucía, un servicio sí reconocido en la Cartera del Sistema de Atención a la Dependencia para la personas con dependencia moderada.
Resulta contradictorio que en las estadísticas publicadas mes a mes por el Imserso, más de 20.000 dependientes moderados sean incluidos como beneficiarios de un servicio que posteriormente no reconocen en el pago del nivel mínimo de atención, dejando de percibir más de seis millones de euros en el referido concepto.

P.- ¿Contempla especialmente el plan la situación de los cuidadores? ¿En qué sentido?
R.- Las personas cuidadoras desempeñan un papel fundamental en todo lo relativo a la atención a la dependencia. De ahí que también son objeto de atención en este plan. La persona que el estudio la ‘Edad 2008’ ha identificado como cuidadora principal es mayoritariamente una mujer, con una edad media de 53 años –en el caso de Andalucía, y 55 años para el total nacional–, casada, con estudios primarios o inferiores, y de nacionalidad española; perfil que ha experimentado pocos cambios en los últimos 20 años. La mayoría de las personas con dependencia que recibe cuidados los recibe de mujeres, 56,9%. En Andalucía más de un cuarto de las personas en situación de dependencia –25,3%– tiene a una hija como cuidadora principal y tan sólo un 4,7% a algún hijo.
Hacerse cargo de las personas de la familia que necesitan cuidados supone un alto coste de oportunidad para las personas cuidadoras, que tienen que  elegir entre trabajo remunerado o “productivo” y trabajo “reproductivo”.  Además, el trabajo de cuidar es una función adscrita tradicionalmente a las mujeres como parte de su rol de género. La identificación del complejo entramado de factores relacionados con las desigualdades de género, en el impacto del cuidado informal en la salud, resulta clave para el desarrollo correcto de intervenciones dirigidas a las personas cuidadoras desde los sistemas de bienestar. De ahí, que se tengan una atención específica a las personas cuidadoras en el desarrollo de este plan.

P.- Andalucía es la comunidad autónoma que atiende a un mayor número de personas dependientes, y apuestan por la importancia de la prevención. ¿Qué papel desempeñan, en este sentido, los Centros de Participación Activa?
R.- El Gobierno andaluz mantiene un fuerte compromiso con la promoción y el desarrollo del envejecimiento activo, así como por la atención integral a las personas mayores, un colectivo que desempeña un importante papel en la sociedad con sus aportaciones, sabiduría y experiencia. Una estrategia que se articula sobre los más de 900 Centros de Participación Activa de los que 168 son de titularidad de la Junta de Andalucía, con cerca de 500.000 personas asociadas, que han realizado casi 100.000 horas de talleres de promoción de la autonomía personal.
Las actuaciones en Andalucía de promoción de la autonomía personal a través de la Estrategia de Envejecimiento Activo recibieron la máxima puntuación de la Comisión Europea (tres estrellas), situando a Andalucía como región de referencia en Europa.

P.- ¿Cómo continuarán este buen ritmo de incorporación de personas al sistema de atención a la dependencia que han registrado en los últimos años?
R.- Desde la Junta de Andalucía mantendremos el compromiso de incrementar el presupuesto para seguir incorporando de forma progresiva al mayor número de personas beneficiarias al sistema. Además, para evitar los recortes llevados a cabo por el Gobierno central, hemos propuesto un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Dependencia que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, así como una mayor financiación por parte del Estado y, de esta manera recuperar los 508 millones de euros que Andalucía ha perdido en los últimos años, una cantidad que nos permitiría incorporar también a un importante número de personas beneficiarias.